María José Corvalán

Sebastián Wagner es el nombre del femicida de Micaela, la joven activista de 21 años que le dio el nombre a la Ley que obliga al Estado a capacitarse con perspectiva de género. Es un recordatorio permanente y triste de la necesidad de formación y diseño de políticas públicas que si existen, pueden evitar un crimen o hechos de violencia.

Diana Broggi es psicóloga feminista, activista y responsable de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres,Géneros y Diversidad de la Nación, quién accedió a una entrevista exclusiva para La Opinión y La Voz del Sud.

Esta ley es producto de muchos sectores y de la tenacidad de su familia que busca construir una mirada no punitivista ante el horror del femicidio y que obliga a capacitar con perspectiva de género a todas las personas que hacen parte de la función pública, de los tres poderes del estado.

Diana Broggi, responsable de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres,Géneros y Diversidad de la Nación

¿Cuál es la importancia de esta ley?

La Ley Micaela es una ley aprobada en 2018, promulgada el 10 de enero de 2019 que lleva el nombre de Micaela García que fue víctima de femicidio en Gualeguay, Entre Ríos. Esta ley es producto de muchos sectores y de la tenacidad de su familia que busca construir una mirada no punitivista ante el horror del femicidio y que obliga a capacitar con perspectiva de género a todas las personas que hacen parte de la función pública, de los tres poderes del estado. Casos como el de Micaela son paradigmáticos, en donde la acción o la omisión de los agentes estatales sin formación colabora al drama y a la gravedad de la situación.

¿Cómo articulan con las provincias?

Tenemos un Consejo Federal conformado por representaciones de las provincias y creamos enlaces, porque aunque las provincias son autónomas y tienen su propio órgano de aplicación colaboramos con contenidos mínimos, programas, orientación y acompañamiento para la efectiva aplicación de la ley.

Hasta hoy, ¿cómo avanzan los territorios?

No tenemos un monitoreo porque nuestra primera responsabilidad jurídica es capacitar al personal del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial nacional, todo esto mientras construimos un ministerio de cero, con lo que eso implica. Brindamos apoyo y entendemos que esto es un proceso que se va construyendo.

¿Cómo va la capacitación al personal de nación?

Desde mayo de este año funciona un curso tutorado que se llama “ABC Ley Micaela” para la administración pública nacional que tiene de 20 a 25 horas de capacitación. Requiere de reflexión y de la elaboración de un trabajo final. Por el momento es virtual pero somos flexibles para implementar otros dispositivos. Además, recientemente abrimos el curso de replicadoras y replicadores con enlaces en cada ministerio para hacer proyectos con esas personas que ya vienen con un piso de formación de género y que representan a esas reparticiones.

¿Cómo ven la recepción de este proceso?

Vemos mucha voluntad, hay apertura, predisposición, tanto dentro del estado como en sindicatos o clubes de fútbol que entienden que es necesaria esta ley. El balance es muy positivo pero creo que lo que más cuesta es dar herramientas y empoderar esos procesos para el interior de las instituciones, por eso trabajamos con las compañeras feministas, o las compañeras formadas en género que ya están en esas áreas. Esto permite jerarquizar esa historización. Queremos corrernos del lugar de que es el ministerio quien garantice todo y para potenciar los espacios. Desmontar la lógica de la gestión anterior y tratar de ir más allá del certificado.

Buscar legitimar esas mujeres y sus voces es un cambio de paradigma, ¿no?

Claro, reconocerlas. Hay distintas situaciones, en general se las va a buscar, a veces las conocemos y a veces no, pero sabemos que hay mujeres que vienen con la cuestión de género en distintas áreas. Es un cambio de enfoque y de formas de trabajo, porque algo que no nos puede pasar es creer que esto es nuevo, que es una novedad o un fenómeno.  Si bien ha cobrado mayor visibilidad en estos últimos años, toda esa fuerza que vimos expresada en la masividad de las calles se ha construido en base a décadas de trabajo, en los encuentros plurinacionales y en la construcción de contenidos.

¿Quienes capacitan y cómo definen los contenidos las provincias?

Las provincias son autónomas. Hoy hay una adhesión unánime en todo el país y lo que establecemos desde el Ministerio son los contenidos mínimos, los programas, las herramientas y las instancias de formación. No hay establecido un mecanismo para certificar ni para seleccionar a las personas que van a capacitar, de hecho si se hace o no un registro de capacitadoras es una decisión que está en discusión y está pendiente de formalizar. Hay que establecer y reforzar los mecanismos en cada provincia para que las capacitaciones sean brindadas por personas formadas.

Las entidades no gubernamentales ¿pueden pedir capacitación o capacitar?

Pueden adherir a la Ley Micaela, crear planes de capacitación y capacitar. Nosotras ponemos a disposición las herramientas y si lo requieren diseñamos algunos programas más integrales.

Acciones desde San Luis

En San Luis la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad impulsa la capacitación local, según comentó Paulina Calderón, jefa del Programa Promoción de la Equidad de Géneros a cargo de la implementación: “En lo que va del año tenemos 3600 personas capacitadas con perspectiva de género y 1600 específicamente en Ley Micaela.

La Resolución 10 es la que aprueba la capacitación para este año en base a los contenidos mínimos y la bibliografía sugerida, que inició con Dora Barrancos y siguió con una charla de Diana Maffía para funcionarios y funcionarias, Poder Legislativo y Judicial. La misma resolución establece que se brindarán talleres de sensibilización a los municipios que, aunque son autónomos, contarán con el acompañamiento de la Secretaría”.

El plan de la Secretaría es capacitar al personal jerárquico durante este año, capacitar equipos directivos de las escuelas, crear aulas virtuales y localizar replicadoras para avanzar el año entrante en la capacitación a toda la administración pública.

El plan de la Secretaría es capacitar al personal jerárquico durante este año, capacitar equipos directivos de las escuelas, crear aulas virtuales y localizar replicadoras para avanzar el año entrante en la capacitación a toda la administración pública. Después de cada charla las personas deben completar un formulario web que busca detectar si hubo atención y comprensión de los contenidos aportados.

Reconstrucción colectiva

Los lineamientos de la Ley Micaela están sostenidos por cuatro pilares fundamentales. El  primero es sobre Derechos Humanos, el marco normativo nacional e internacional y el enfoque de los Derechos Humanos de las mujeres y las diversidades. Plantea un cambio de paradigmas para pensar la infancia como sujeta de derechos en vez de como sujeta a tutelaje. El eje dos avanza en la introducción a la perspectiva de género, el desarrollo de conceptos básicos sobre “Sexo y género”, estereotipos de género, socialización de género, división sexual del trabajo, desigualdades en el acceso laboral, identidades de género, orientaciones sexuales y expresiones de género entre otros temas.

La metodología de capacitación busca recuperar el trabajo y las prácticas políticas de los feminismos populares, valora el diálogo, la reformulación de las prácticas machistas y el cuestionamiento a la cultura androcéntrica…

El tercer eje aborda las violencias por motivos de género como problemática social, las violencias contra las mujeres, las violencias como producto de la desigualdad, los mitos sobre el amor romántico, micromachismos, femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. Y por último, el cuarto eje plantea capacitar en género y derechos humanos, intervenciones y corresponsabilidad en los organismos del Estado, transversalización de la perspectiva de género, buenas prácticas de implementación en políticas públicas, reparación, responsabilidad y corresponsabilidad ante las situaciones de violencia brindando herramientas y recursos básicos para la identificación y orientación ante casos de violencia de género en el ámbito de trabajo: información, acompañamiento y derivación.

En relación a la metodología de capacitación, los contenidos mínimos proponen, citando a Maceira Ochoa (2007) una pedagogía feminista para “echar una nueva mirada a propuestas político-pedagógicas emancipadoras (…) posicionándose críticamente ante el poder y la dominación masculinos, y promoviendo la libertad y el fortalecimiento de las mujeres, para construir de manera colectiva una sociedad más libre y democrática”. Busca recuperar el trabajo y las prácticas políticas de los feminismos populares, valora el diálogo, la reformulación de las prácticas machistas y el cuestionamiento a la cultura androcéntrica.

Las dinámicas que se planteen debieran ir hacia la búsqueda de interpelar no solo las prácticas en el ámbito laboral, sino también la dimensión de la vida cotidiana, abriendo la pregunta sobre cómo construimos relaciones sociales igualitarias.

Es probable que aún haya sectores que se resistan, que minimicen la problemática de la desigualdad, que consideren que un capacitador varón va a ser más escuchado que una mujer formada. Es posible que que se ponga en duda, entre risas y por lo bajo, la necesidad de la perspectiva de género y se vuelva a caer en algún chiste añejo y fácil. Pero serán los menos. El cambio cultural inició desde las sociedades, desde los movimientos y desde la interseccionalidad del feminismo que no va a retroceder y que en su permanente construir logró que esta demanda sea ley. La formación es una de las herramientas más valiosas para derrotar el machismo, el oscurantismo y el odio.