Por Soledad Sallenave

Licenciada en Ciencias Biológicas (*)

El acceso a los recursos naturales, los beneficios que de ellos obtenemos y la imperiosa necesidad de su conservación, no escapan a un profundo análisis y debate en torno a la perspectiva de género.

Si bien la incorporación del enfoque de género vinculado a la cuestión ambiental tiene poco más de cinco décadas de historia; aún persisten profundas brechas entre hombres y mujeres determinadas por la histórica asignación de roles en la división del trabajo donde a las mujeres se les destina el trabajo reproductivo y de cuidado; mientras que, el trabajo productivo, aparece asociado a los varones.

En una reciente publicación de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género^[1], se consignan datos evidenciando que, si bien se consolida la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de manera transversal, el avance ha sido lento y los esfuerzos aún son insuficientes.

Las mujeres siguen padeciendo los mayores niveles de desempleo y precarización laboral y ganan en promedio, un 29% menos que sus pares varones, brecha que se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%.

Asimismo, los quehaceres domésticos, los cuidados de personas, el apoyo escolar, recaen de manera asimétrica sobre las mujeres quienes realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, implicando una menor cantidad de horas y recursos disponibles para dedicarles a su desarrollo personal, productivo, profesional y económico.

Estas diferencias no sólo se manifiestan en contextos urbanos, sino también en el ámbito rural, donde se profundiza la brecha de género debido a que la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos naturales están fundamentalmente masculinizados.

A modo de ejemplo, entre los resultados obtenidos en el Censo Nacional Agropecuario en el año 2018^[2], donde se relevó que de 223.292 productores, socios y socias; solo el 21% son mujeres (aunque el porcentaje viene en ascenso).

Esta desigualdad en el acceso, beneficios y posibilidad de conservación de los recursos naturales impacta de forma directa en la gobernanza de los mismos.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe^[3] detalló a comienzos de este año, algunas de las consecuencias que esta situación produce sobre la biodiversidad, el agua, la agricultura y la energía entre otros aspectos, las que se traducen en una enorme desigualdad en la toma de decisiones sobre los recursos naturales.

Un menor número de mujeres en los puestos de toma de decisión en el ámbito público y privado; en la propiedad de la tierra y derechos de agua; acceso a la tecnología y los financiamientos; cargos de representación legal y directivos del manejo de bosques, de las áreas protegidas y otros recursos, lo que menoscaba su autonomía y aumenta su marginalidad.

Reciben menos programas de restauración ambiental; tienen baja participación en juntas de usuarios de agua; muchas veces son las responsables de la provisión de agua en el hogar resultando más vulnerables a las situaciones de contaminación del recurso hídrico.

Los resultados de este análisis demandan la necesidad de implementar políticas públicas que favorezcan el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y el agua y con ello, a la gobernanza y toma de decisiones sobre los recursos naturales.

Todavía existen vacíos en las políticas para abordar las relaciones entre los asuntos de género y los recursos naturales. La Agenda 2030 hace énfasis sobre la necesidad de incorporar la transversalidad del género, con 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y un total de 29 indicadores que pueden desagregarse por sexo, sin embargo, muchos de ellos todavía no son medibles (Naciones Unidas, 2015).

Cabe resaltar que ninguno de estos indicadores con enfoque de género está relacionado con el medio ambiente ni con los recursos naturales.

Se debe, por tanto, avanzar en el análisis de la interdependencia entre los recursos naturales (dimensión ambiental), el enfoque de género (dimensión social) y las actividades productivas que desarrollan (dimensión económica) para que enriquezcan la producción de políticas más integrales en el marco de la Agenda 2030.

La igualdad de género es un derecho humano y un requisito fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas relacionadas con la gestión de los recursos naturales, tal como lo propone la Agenda 2030, permitirá el logro de un verdadero desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo.

(*) Magíster en Gestión Sostenible del Ambiente

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^[1]https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf

^[2]https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-resultados.html

^[3]https://crm.cepal.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1042