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CENSURA, SIN EXCEPCIÓN

Desde que el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, implementó su nueva “guerra contra las pandillas” se restringieron las libertades en el país, entre ellas la de prensa

Por Agustina Bordigoni

El ejercicio del periodismo es cada vez más difícil en El Salvador: como respuesta al aumento de los asesinatos en manos de las pandillas que dominan el país, el presidente, Nayib Bukele, y su Asamblea afín modificaron el Código Penal y una serie de leyes, que derivaron en la prohibición de la reproducción de mensajes que -se presuma- provengan de estos grupos criminales. El gobierno afirma que estos mensajes pueden “generar zozobra y pánico en la población”. Quien no cumpla con las normativas puede enfrentar entre 10 a 15 años de prisión. Es decir, un periodista puede tener una pena mayor que la de un violador (de 6 a 11 años en este último caso) por difundir mensajes que, el gobierno entienda, generen “zozobra”. 

La redacción de la modificación del Código Penal y de la Ley de proscripción de las pandillas -en donde se encuentran estas nuevas reglamentaciones-, es tan ambigua que deja lugar a la libre interpretación por parte de las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Eso preocupa a periodistas salvadoreños como Cecibel Romero: Es una ley mordaza. Y como además el sistema de justicia ahora está capturado por el Ejecutivo, es fácil que los casos se resuelvan en contra de los periodistas y los medios de comunicación involucrados”.

La “guerra contra las pandillas”

El país está en estado de excepción desde el 27 de marzo, luego de un fin de semana en el que los crímenes cometidos por las pandillas se incrementaron considerablemente: mientras el promedio era de 3 asesinatos diarios, el sábado 26 escalaron a 62. La medida del gobierno, implementada al día siguiente, incluye la suspensión del derecho a la legítima defensa, la facultad de las autoridades para intervenir teléfonos y correspondencia, y la ampliación del plazo de prisión preventiva de 72 horas a 15 días. El 5 de abril, las modificaciones a la ley de proscripción de las pandillas y al Código penal, agregaron la posibilidad de detener a menores a partir de los 12 años (entre 10 a 15 años de prisión), la prohibición de hacer grafitis vinculados a las maras y las restricciones a la prensa. Esto último implica que los periodistas no pueden recurrir a algunas de sus fuentes más importantes (como las pandillas) para contar, por ejemplo, lo que sucedió ese 26 de marzo.

Según el gobierno, la intención de las normas es evitar la creación de murales callejeros con los que los grupos delimitan sus territorios, pero la redacción deja muchos puntos vacíos, por lo que la Asociación de Periodistas de El Salvador las calificó de clara censura, según puede leerse en su último comunicado.

No es la única forma en la que el gobierno viola la libertad de expresión: uno de los casos más resonantes fue el de Juan Martínez, un antropólogo y colaborador del diario El Faro, que se dedicó al estudio de las pandillas en el país, y que fue amenazado de muerte luego de que el 11 de abril Nayib Bukele publicara un tuit atacándolo. Luego de ese mensaje Juan tuvo que abandonar El Salvador y otras dos familias, a quienes se las vinculó como fuentes de Martínez, también debieron hacerlo.

En enero, el periódico independiente “GatoEncerrado” denunció la violación de información privada de más de 20 periodistas con el spyware Pegasus. “La intensidad con la que han usado Pegasus contra sus víctimas en El Salvador ha sido considerada sin precedentes por investigadores de Citizen Lab, quienes por años han liderado el estudio del spyware alrededor del mundo”, afirma la nota.

Nayib Armando Bukele Ortez, actual presidente de la República de El Salvador.

De las denuncias a la censura

La persecución a los periodistas tiene que ver con su rol, incómodo para muchos gobiernos.

“El periodismo de investigación siempre ha intentado descifrar el mundo de las pandillas, sus acciones y cómplices. Dentro de estos reportajes ha quedado evidenciado que muchos políticos, incluido el actual gobierno de Bukele, han negociado con los líderes de estas mafias para garantizar apoyos, sobre todo en épocas electorales“, asegura Romero.

Medios como El Faro, que también sufrieron ataques (sus periodistas fueron espiados y el medio fue acusado por el gobierno de lavado de dinero y evasión tributaria), revelaron en sus investigaciones que la disminución en los asesinatos que consiguió Bukele en los últimos años se explican por pactos entre el gobierno y las pandillas, y que los crímenes cometidos durante el último fin de semana de marzo fueron producto de una falla en esas negociaciones. Para fundamentar tales denuncias accedieron a la información de entradas y salidas de los penales, documentos oficiales, y a las cámaras de seguridad que registraron las reuniones entre funcionarios y líderes de las pandillas.

Esas primeras reuniones, según “El Faro”, habrían ocurrido entre junio de 2019 y agosto de 2020: “los representantes del Ejecutivo y la MS-13 han negociado la reducción de homicidios, beneficios carcelarios y promesas de largo plazo vinculadas al resultado de las elecciones legislativas de 2021”, puede leerse en la nota del medio, en la que además hay copias de la documentación que prueba la existencia de esos encuentros.
Lo que ocurre hoy ocurría entonces: el gobierno endurecía su política hacia las maras en parte como una demostración de poder y también como una nueva  de negociación. Ante el aumento de los crímenes en 2020, Luna Meza, viceministro de Seguridad y director del sistema penitenciario, anunció por Twitter la medida de mezclar a los miembros de diferentes pandillas en la misma celda para evitar que se complotaran (y de paso generar un conflicto seguro entre pandilleros que son enemigos entre sí y que utilizan métodos muy violentos para solucionar sus diferencias). En este gobierno no habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de la estructura criminal”, afirmaba. Las imágenes de cárceles abarrotadas en tiempos de pandemia dieron la vuelta al mundo. Hasta entonces, los miembros de los principales grupos criminales habían conseguido algunas mejoras en las condiciones de vida carcelaria y beneficios para los que se encontraban en libertad.

Pero las pandillas también tienen sus métodos de negociación, y lo demostraron el fin de semana del 27 de marzo: “Las maras siempre se comunican con muertos. Si no pagas la extorsión matan al que no lo hace, a un familiar o al vigilante del negocio. También le comunican con muertos a la pandilla rival quién domina ese barrio. Y lo mismo han hecho con los gobiernos“, cierra Romero.

La respuesta del gobierno esta vez complica a toda la población: quienes tienen tatuajes, quienes son simplemente sospechosos de ser pandilleros (sin pruebas más que las que las autoridades consideren) o cualquier ciudadano común puede ser víctima de esta excepción que se hace permanente, y que por tanto deja de ser una excepción.

Los menores pueden ir presos (lo que va en contra de todas las convenciones y tratados internacionales sobre los derechos de los niños), las comunicaciones pueden ser interceptadas y la legítima defensa no es un derecho que se pueda ejercer legítimamente. Incluso algunos miembros de la policía denunciaron que tienen que cumplir con cuotas mínimas de detenciones por operativos: no menos de cinco por intervención.

Mientras el gobierno celebra en su página web que desde el estado de excepción la cifra de apresados asciende a 27.000 y las familias de los presos se agolpan en las puertas de los penales para exigir al menos el derecho a una defensa, los periodistas arriesgan su vida y su libertad para intentar contarlo.