La Aldea y el Mundo, Notas Centrales

UN PASO MÁS

El 4 de julio la Convención Constituyente presentó el texto de lo que podría ser la nueva Carta Magna de Chile. Ahora la población deberá decidir si aprueba el cambio

Por Agustina Bordigoni

A partir del 4 de septiembre Chile puede abrir un nuevo capítulo en su historia. Ese día la población debe decidir entre dos opciones: la vigencia de la nueva Constitución, redactada por la Convención Constituyente, o el rechazo al texto presentado el 4 de julio, y por ende la continuidad de la Carta Magna que está vigente y que data de la última dictadura militar.

Si bien esto no significa una vuelta atrás sino más bien mantener el statu quo, en la práctica lo sería: el texto de la nueva Constitución garantiza derechos que no están presentes en la norma actual, pero además -y sobre todas las cosas – que deriva de una situación legítima. Esta nueva ley fundamental fue redactada después de pasar por un plebiscito en el que se decidió por la alternativa y por la elección de los convencionales en el marco de gobiernos democráticos. Gobiernos con diferentes inclinaciones e ideologías, pero democráticos al fin.

La Carta Magna que hoy rige en Chile es ilegítima desde su origen, por más modificaciones que haya sufrido desde su redacción en 1980. Ahí está la cuestión que deberá dirimirse en el país: la norma madre de todas las normas no tiene legitimidad y en eso existe consenso.

Las protestas de 2019, que se produjeron bajo el lema “No es por 30 pesos, es por 30 años” (en referencia al aumento de los precios del metro y a los derechos postergados por 30 años en el país) reclamaban el fin de las desigualdades y la solución a los problemas estructurales en el país. La salida, después de días de represión, muertes y duras negociaciones, fue el llamado a que Chile tuviera una nueva Constitución, una deuda pendiente en el país.

Tres años después, con un borrador que podría ser confirmado en septiembre, surgen dudas sobre si esta vez el “Apruebo” será victorioso como lo fue en 2020, con un 78% de ciudadanos a favor de la redacción de otro documento. En la posibilidad de que esta vez triunfe “Rechazo” al nuevo texto se ponen en juego cuestiones políticas (la derecha oficialista en ese momento solamente obtuvo 37 representantes de los 154 de la Convención y acusa al resto de dejar sus reclamos afuera), de confianza en las instituciones (la propia Convención y algunos de sus miembros fueron criticados) e ideológicas (que se oponen a nuevos derechos que establece el texto renovado).

Pero, ¿qué establece concretamente esta nueva Constitución?

Derechos consagrados

La nueva Carta Magna incorporaría, de entrar en vigencia, nuevos derechos y garantías que no están presentes en el texto hoy. El primero que aparece al leer el borrador tiene que ver con las cuestiones de género.

En el primer artículo ya se refiere a una “democracia paritaria” en la que hombres, mujeres, diversidades y disidencias participen en condiciones de igualdad en todos los estamentos del Estado, incluidas las empresas públicas y semipúblicas, además de ministerios, secretarías u oficinas. Algunas de estas cuestiones, establece, deberán reglamentarse por ley. Otras, como un cupo no inferior al 50% de mujeres en todas las áreas del Estado, ya están claramente determinados.

Por otro lado la Constitución incorpora derechos importantes e históricos por lo que representan. Uno de ellos es el de la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso el documento se refiere a la responsabilidad del Estado en garantizar tanto esto como el acompañamiento en el embarazo, la maternidad voluntaria y el parto.

Incorporar el derecho al aborto en la Constitución es toda una revolución, sobre todo teniendo en cuenta el retroceso que están viviendo países como los Estados Unidos en esta materia. Actualmente en Chile el aborto está permitido en tres casos: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o violación. La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta Magna (cuestión que luego debería ser reglamentada y especificada por ley) implica un cambio radical en la realidad del país y de muchas mujeres, pero también generó una oposición que probablemente redunde en más votos por el “Rechazo”.

La Constitución también hace referencia a la violencia de género y a la necesidad de que los tres poderes del Estado se formen en esta perspectiva.

Es importante también el concepto que se tiene del agua: de pasar de ser un bien, como figura en la norma actual, pasaría a ser un derecho humano y por tanto inapropiable. La Constitución prevé la creación de una Agencia Nacional del Agua, que se dedicará a garantizar el uso sustentable del recurso.

El cuidado del medio ambiente es transversal a todo el texto. Como principal afirmación se encuentra la de que la naturaleza tiene derechos y que tanto el Estado como la sociedad deben respetarlos.

Otro cambio importante que establece la nueva Constitución es el de los derechos sociales: en este caso deja claro que es el Estado, y no las empresas privadas, el que debe garantizar la salud, la educación, viviendas, trabajo y pensiones. Hasta ahora estos derechos figuran como una responsabilidad que los gobiernos deben asumir en el caso de que los privados no puedan hacerlo.

Una nueva visión del Estado

Uno de los cambios más importantes incorporados por la Carta Magna que deberá votarse en septiembre es el de nombrar a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, en el que estará garantizada la libre determinación de los pueblos. 

El artículo 5 afirma que el Estado “reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley”.

Estas diversas naciones tendrán su independencia política e incluso jurídica, sin que eso implique el derecho a secesión o que la Corte Suprema deje de ser el órgano de consulta última en caso de un conflicto.

El texto reconoce que el Estado está conformado por regiones, comunidades y territorios autónomos, algo que también generó oposición por la posible presencia de dos justicias (una indígena y otra no indígena) y varios poderes políticos reconocidos.

Lo importante, sin embargo, es la nueva concepción del Estado que surge de reconocerse como plurinacional e intercultural. Lo primero, porque rompe con la idea, difundida casi de manera unánime en el mundo, de que los Estados están compuestos por una sola nación, algo que se corresponde al momento del surgimiento de los Estados-nación como tales.

Cuando los Estados-nación surgieron como entidad, la nacionalidad era la forma de definir a la población dentro de unos límites territoriales y fronteras trazadas de manera artificial. Dentro de esas fronteras quedaron incorporadas diferentes comunidades, culturas y nacionalidades, que fueron aglutinadas en una y convertidas en la población del país. Reconocer el carácter pluricultural de un Estado es volver hacia atrás en esa historia para reconocer a esos pueblos preexistentes.  

Por otro lado, el concepto de interculturalidad reviste igual importancia. En contraposición al de multiculturalidad, en el que se supone que las culturas coexisten de manera pacífica, la interculturalidad hace referencia a la integración y el intercambio de conocimientos entre culturas, lo que enriquece y va más allá de la tolerancia.

La historia no está escrita

A partir de ahora, Chile escribirá su historia. Sea que apruebe o desapruebe el texto constitucional, las cosas no serán iguales.

Incluso si gana el “Rechazo” y la actual Constitución sigue vigente, la sociedad no será la misma. Transitó desde 2019 a hoy un camino de protestas, elecciones, y de una Convención Constitucional con participación histórica (el 50% fueron mujeres y contó con 17 representantes de las comunidades indígenas), todas cuestiones que dejaron en evidencia que el cambio es necesario y que deberá darse tarde o temprano.

Si gana el “Apruebo” queda un largo camino por recorrer. La Constitución es la norma que rige todas las demás: ningún tratado, sentencia o ley puede ir en su contra. Sin embargo, para que muchos de los derechos ahí plasmados sean garantizados necesitan de leyes y nuevas instituciones que los protejan. Por lo tanto, el camino de una nueva Carta Magna no se termina con su mera aprobación.

Claro, servirá para cerrar heridas y una parte de la historia que todavía conserva registros de la dictadura de Augusto Pinochet, pero deberá abrir un nuevo rumbo en el que el pasado quede definitivamente atrás para todo el pueblo chileno.

Dar un paso más, independientemente de las opciones, siempre será necesario.