Por Fernanda Spinuzza, diputada provincial

La violencia digital se ha convertido en una amenaza tangible que afecta no solo nuestra seguridad en el ciberespacio, sino también nuestra integridad física y mental. La pandemia de Covid-19, que aceleró el uso de plataformas digitales, ha expuesto a muchas personas, especialmente a los colectivos más vulnerables, a nuevas formas de acoso y violencia. Niños, adolescentes, adultos mayores y grupos históricamente marginados están en la primera línea de esta silenciosa batalla. Desde la viralización de contenido íntimo sin consentimiento hasta el hostigamiento constante en redes sociales, la violencia digital ha puesto en jaque nuestra capacidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. El anonimato que ofrece el entorno digital facilita la perpetuación de estas conductas violentas, y los daños, en muchos casos, son irreversibles. Las víctimas no solo sufren la humillación y la exposición no deseada, sino también las devastadoras secuelas psicológicas: aislamiento, depresión, miedo a interactuar tanto en el espacio digital como en el físico, y en algunos casos, un impacto negativo en su desarrollo académico y profesional. En Argentina, hemos dado algunos pasos importantes para enfrentar este flagelo. La Ley Olimpia, que incorpora la figura de la violencia digital dentro del marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, es un claro ejemplo de cómo avanzar legislativamente para proteger a quienes están más expuestos a estas agresiones. Este tipo de legislación, que propone medidas de prevención y contención, es crucial para garantizar un entorno digital más seguro. No obstante, necesitamos seguir avanzando. En el Congreso Nacional, el Proyecto de Ley Belén busca endurecer las penas para quienes difundan material íntimo sin consentimiento, abarcando la creación de figuras penales que castiguen la obtención, extorsión y difusión de contenido dañino. Estas medidas son vitales no solo para disuadir a los agresores, sino también para proteger a las víctimas a largo plazo. En San Luis, debemos también tomar acciones decisivas para combatir la violencia digital.

Actualmente, en la legislatura provincial, se debate un Proyecto de Ley que busca combatir las diversas formas de violencia digital, con medidas preventivas y sancionadoras que representan un avance significativo. Es imperativo tipificar y sancionar acciones como el acoso digital, la sextorsión, la suplantación de identidad y el ciberbullying. Esto no solo será un mecanismo de protección para las víctimas, sino una clara señal de que nuestra sociedad no tolerará conductas que destruyen vidas y erosionan la convivencia social. El proyecto de ley propone modificar el Código Contravencional de la provincia, incorporando figuras específicas de violencia digital. Acciones como el acoso digital, la suplantación de identidad, el doxing, o la difusión no autorizada de imágenes íntimas, deben ser tipificadas para que las autoridades puedan actuar de manera más eficiente y contundente. Además, la creación de un fondo específico destinado a programas de sensibilización y prevención es clave para educar a la sociedad sobre los riesgos y consecuencias de la violencia digital. Sin embargo, estas medidas no deben limitarse solo al castigo. Es esencial incluir instancias de reeducación y concientización para los infractores. La violencia digital no puede abordarse únicamente desde la represión; necesitamos un enfoque integral que contemple la prevención, la protección de las víctimas y la rehabilitación de los agresores, centrándonos en la educación y la sensibilización sobre esta problemática.
Estamos ante un desafío urgente en la era digital: garantizar que el ciberespacio sea un lugar seguro para todos. Las herramientas legales son fundamentales para alcanzar este objetivo, pero no podemos ignorar el papel clave que juegan la educación y la concientización. Solo así podremos construir una sociedad digital que valore el respeto, la integridad y la dignidad de todas las personas. San Luis tiene la oportunidad y la responsabilidad de avanzar en esta dirección.

Crédito: Gilda Martini. Ilustración intervenida.