Por Alejandro Olmos Gaona

Nadie puede ignorar que al gobierno de Javier Milei y a sus gobernadores asociados, la cultura y a educación no les importa, lo que se ha puesto en evidencia en los últimos meses, con el desfinanciamiento educativo, la intención de favorecer la educación privada, el negarse a participar de la feria del libro, los despidos en el Conicet y en la Biblioteca Nacional, la intervención en el Instituto del Cine, la intención de suprimir el Instituto Nacional del Teatro, y el Instituto Nacional de la Música, como también el Fondo Nacional de la Artes.
El haber rebajado de categoría al Ministerio de Cultura fue un símbolo de lo que venía y a nadie debe extrañar que la educación y la cultura no estén en las preocupaciones del gobierno, ya que no figuran en las leyes que se están discutiendo, ni en el DNU 70, y que el actual funcionario a cargo sea un productor de espectáculos teatrales. Pero esto no se limita a olvidos coyunturales o preocupaciones que podrían postergarse, sino a un verdadero desprecio por la educación pública y por una tradición cultural argentina que viene de lejos. Ningún gobierno constitucional se atrevió a desvalorizar lo que de alguna forma es parte de nuestra identidad nacional, pero las actuales autoridades han tomado un camino distinto, y la forma en que se expresa el presidente a través de sus discursos, sus apariciones públicas y sus reiterados tuiteos, es una clara evidencia de una grosería institucional que no conocíamos hasta ahora, y que parece regocijar a la caterva de ignorantes que festejan su habituales insultos y descalificaciones.
Aunque el gobernador Claudio Poggi, es del Pro y no de la Libertad Avanza, parece que ha asimilado bien ciertas características del presidente, en cuanto a algunas expresiones púbicas y decisiones que tomó apenas asumir el cargo. En octubre del 2023, cuando era gobernador electo, fue claro al sostener “la verdad que si le prestan acuerdo o a Catalfamo o a quien sea que el gobierno actual proponga, el 10 de diciembre los voy a sacar cagando, los voy a sacar cagando” expresiones poco educadas en cualquier persona y mucho más en un futuro gobernador. A las pocas horas de haber asumido la gobernación, ordenó la inmediata intervención de la Universidad de la Punta, enviando al Cuerpo de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), policías que irrumpieron en la institución impidiendo el ingreso de autoridades y profesores, un hecho que no ocurría en una Universidad Pública, desde la conocida “noche de los bastones largos” durante la presidencia del dictador Onganía, que ordenó allanar las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Todo ello es revelador, de las particulares características de un dirigente, para el cual ciertas formas de respeto a las instituciones y de decoro en sus expresiones públicas carecen de importancia.

A lo ya señalado se suma en este último tiempo la intención de vender la Casa de San Luis en Buenos Aires, con el pretexto de utilizar el dinero proveniente de la misma y destinarlo al hospital de Villa Mercedes, además de ubicar otra locación para destinarla a las actividades que actualmente se llevan a cabo en la Casa.
Los que vivimos en Buenos Aires o han viajado a esa ciudad, conocen esa maravilla arquitectónica que es ese Petit Hotel palaciego, que se encuentra, en uno de los lugares más importantes de la ciudad. Una construcción debida al arquitecto italiano Virginio Colombo impulsor del Art. Nouveau en Buenos Aires, a quien se le deben muchas que realizó durante varios años, hasta su muerte. No se trata de una casa más entre aquellas que pueden verse en la ciudad, sino que por sus particularidades (frescos, mármoles, bronces, vitraux, y la esplendidez de sus salones) es un testimonio de una época que es preciso conservar, porque ya forma parte de una tradición edilicia, que hizo de la capital porteña una de las más importantes del mundo. Pero más allá de los valores arquitectónicos conocidos, la Casa de San Luis, desde mediados de la década del 80, ha sido una parte de la provincia muy presente a través de todas las actividades realizadas durante décadas. No solo para atender los trámites impositivos, jubilatorios, de salud de los puntanos radicados en Buenos Aires o que viajan hasta aquí, sino además como una muestra de la cultura de San Luis a través de su historia, su literatura, sus artes plásticas, y una labor de difusión turística, que siempre ha sido sostenida, para incentivar el conocimiento de todas las bellezas naturales de la provincia.
Durante años, las exposiciones de pintura, muestras teatrales y cinematográficas, cursos y conferencias sobre la historia y literatura; los exponentes de sus productos artesanales y su gastronomía, charlas y debates sobre el país y sus necesidades, han sido parte fundamental de todo lo llevado a cabo por las distintas autoridades de la Casa, con la colaboración de un personal identificado con los objetivos, que se conozca todo lo que la provincia de San Luis tiene para mostrar y aportar a la cultura de nuestro país.
Para el actual gobernador, que todo lo mide desde lo económico, y su utilidad inmediata, lo que tenga que ver con la cultura, la historia de San Luis, sus orígenes y el significado de tener una representación significativa en una ciudad como Buenos Aires, no le parece importante. El no tiene tradición puntana, ya que es un cordobés, injertado hace años en la provincia, y debido a ello no puede comprender ni valorar el significado de tener algo tan representativo, no solo de una época, sino de lo mejor que tiene para mostrar San Luis a todos aquellos que han participado y visitado la Casa durante sus distintas actividades. Es como el actual presidente, para quien la cultura no le da dividendos económicos y por eso que, en esto de obtener beneficios en el corto plazo, no trepida en vender o rematar un bien público que es de todos los puntanos, buscando una justificación insostenible para hacerlo.
Confío que la legislatura rechace este insólito proyecto de ley, y le muestre al gobernador, que la historia y las tradiciones de un pueblo no se negocian, y que los mercaderes de lo público no pueden tener lugar en el ejercicio del poder administrador de la provincia, porque eso repugna al espíritu de la Constitución y de las Leyes.