Por Paulina Calderón

Imposible es, en estos tiempos donde la pobreza alcanza el 52,9% y la indigencia el 18,1% en el país, no pensar e intentar construir posibles “soluciones”, o más bien, adoptar medidas urgentes. Es inevitable pensar y al mismo tiempo sentir una angustia inmensa.

En nuestra provincia, el número se ha visto acrecentado: la pobreza llega a un 53,8% y la indigencia a un 9,8%, cuando hasta diciembre de 2023 era de un 5,6% la indigencia y de un 36,9% la pobreza. Duele reconocer que estos números son la vergüenza de la democracia. Aun, aceptando que se trata de un modelo en proceso de afianzamiento, no podemos ser indiferentes a la deuda con la pobreza que hemos
acumulado en tan solo 40 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos. ¿Qué hacer? ¿Dónde
enfocar las políticas públicas? Por supuesto, es necesario asistir a las familias más vulnerables, principalmente a la infancia, pero ¿cómo?

Hay un consenso social, diría que universal, respecto a que la educación es sinónimo de ascenso social. En general, se valora a la educación ¿quién no desea que sus hijas/os vayan a la escuela?, hay estudios de economistas de la educación que demuestran que quienes poseen más nivel educativo, menos posibilidades tienen de ser desocupadas/os y, por lo tanto, mayores ingresos y accesos a trabajos formales. Los títulos educativos promueven la movilidad ascendente, así como también permiten disminuir el riesgo de caer dentro de la escala social a posiciones inferiores a las de la familia de origen.

Por ejemplo, un informe de la ONG Argentinos por la Educación, de febrero de 2022, titulado Retornos de la Educación: ¿Vale la pena estudiar? concluye que, por cada año que se suma a la educación personal, los
ingresos aumentan, en promedio, un 10%. Otro informe del Observatorio Social de “la Caixa” de España de septiembre de 2016, titulado La Educación como ascensor social, sostiene que “incluso en la fase recesiva del ciclo económico, los títulos educativos amplían las perspectivas de mejorar la posición social, atenúan las de degradarla y protegen del desempleo”.

En nuestro país, desde el año 2006, con la Ley Nacional de Educación Nro. 26.206, se estableció el secundario como nivel OBLIGATORIO, es decir, recién este año, quienes tienen 18 años han podido acceder a una trayectoria escolar completa de manera obligatoria. No obstante, vale recordar que nuestro territorio es muy diverso y muchas escuelas se encuentran en la ruralidad donde la obligatoriedad del nivel secundario se ha intentado garantizar a través del transporte a centros urbanos más cercanos, son pocas las provincias que han logrado la implementación del 100% del nivel y menos aún lo han garantizado en el mismo paraje.

Acá en San Luis, en el año 2018 se propuso la implementación del nivel secundario generativo rural en todas las escuelas rurales, alcanzando a 149 establecimientos que al momento no contaban con el nivel. Proponía de forma gradual ir conformando circuitos de entre 3 y 5 escuelas cercanas a fin de asignar a cada una de ellas 1 coordinador general, quien junto al directivo de primaria y a un equipo de 5 docentes por áreas disciplinares, llevarían adelante un proyecto educativo generativo de nivel secundario. A diciembre del año 2023 se habían creado 28 circuitos que corresponden a 122 escuelas rurales, es decir, se había alcanzado una llegada territorial del 82%.

Es tanto el valor social que la educación tiene que, después de algunas crisis en la educación pública (la de gestión estatal) que llevaron a paros docentes, muchas familias decidieron enviar a sus hijos/as a escuelas públicas de gestión privada; por ejemplo, después del 2004 y del 2010 en nuestra provincia.

Hoy, las escuelas privadas están viendo sus matrículas disminuidas significativamente porque lo económico ha sido un detonante; no obstante, algunas han aumentado sus matrículas y casualmente son aquellas más caras, produciendo una gran segregación, ya que aquellas/os estudiantes que asisten a estas escuelas pertenecen a familias de clase media/alta que también, en su mayoría, viven en barrios cerrados y mantiene círculos sociales más “controlados y acomodados”.

Y si hablamos de Educación Pública Superior, el consenso social es indiscutible en nuestro país. Tener un título superior es considerado un éxito en nuestra sociedad.

Obviamente el desarrollo de un país, el bienestar de una sociedad, también suele medirse por la cantidad de graduados que tiene…

Pero la pobreza crece… y con ella, nuestra sociedad parece caer en el subdesarrollo, las propuestas políticas no han sido suficientes, al contrario, las medidas económicas han profundizado estas desigualdades que la educación parece reproducir.

Según el estudio desarrollado por la Universidad Católica Argentina, el 62,9% de las niñeces y adolescencias vive en situación de pobreza y el 16,2% se encuentra en la indigencia en nuestro país. Es decir, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNyA) son pobres, también lo denuncia el último informe de Unicef, que incluye a aquellos menores de 18 años cuyos hogares no alcanzan a costear una canasta básica de bienes y servicios o cuyo entorno de vida los priva de acceder a derechos básicos como la educación, la protección social, una vivienda o un baño adecuado, al agua o un hábitat seguro. “El 69% de los chicos, chicas y adolescentes de la Argentina -8,6 millones, de acuerdo con las proyecciones de Unicef para el segundo semestre de 2023- experimentan carencias”, señala el informe titulado “Situación de niñez y adolescencia: 2023-2024. Pobreza, presupuesto y suficiencia del sistema de protección de ingresos”.

Ante tan dolorosa realidad emerge como una valiosa propuesta el concepto de JUSTICIA EDUCATIVA. ¿En qué consiste? ¿Se trata de políticas compensatorias? Claro que no, de esas nuestro país conoce bastante… el paradigma de justicia aspira a fortalecer la educación pública como un espacio para todas/os, donde sea posible el encuentro de la diversidad, la reconstrucción de los lazos sociales y la recuperación de inscripciones culturales comunes, que unan y amparen a individuos diferentes. Por ello, como sostienen los autores Axel Rivas y Cecilia Veleda “La idea de justicia a la que suscribimos alude, en primer lugar, a garantizar el derecho integral a la educación a partir de posicionar a los sectores populares en el centro del sistema educativo. En lugar de acciones paliativas en los márgenes de un modelo escolar intacto en su esencia, el modelo de justicia educativa que proponemos exige revisar las condiciones del aprendizaje, la organización institucional, las pedagogías y el currículum desde la perspectiva de todos los sectores sociales y, en particular, desde la perspectiva de aquellos para quienes la escuela no fue originariamente concebida”[1]. Abrazar el paradigma de la JUSTICIA EDUCATIVA es una mirada optimista que consolida a la educación como el “derecho llave”, es decir, el que posibilita el ascenso social en base a una educación TRANSFORMADORA que se resiste y se rebela a reproducir una y otra vez las desigualdades.

[1]La construcción de la justicia educativa. Criterios de redistribución y
reconocimiento para la educación argentina / Cecilia Veleda, Axel Rivas
y Florencia Mezzadra. – 1a ed. – Buenos Aires, octubre de 2011.