Por Alejandro Olmos Gaona

Después de 10 meses de gobierno, ya no tiene importancia detenerse en las particularidades gestuales y los exabruptos habituales del presidente, ya que ha cultivado con esmero el lenguaje soez, la vulgaridad, las descalificaciones y los insultos a todos aquellos que piensan distinto de su delirante credo libertario. Ni hablar de las vergonzosas metáforas sexuales que usa, cuando la furia que ejerce con regularidad lo hace caer en expresiones que ya forman parte de un lenguaje no solo impropio de un jefe de Estado, sino de alguien medianamente educado. Lo que sí resulta significativo es al extremo en el que ha llegado con sus mentiras y las triquiñuelas numéricas que utiliza para justificar sus políticas de ajuste y empobrecimiento, nutridas de la frase “no hay plata”, convertidas en un axioma que sirve para impedir todo aquello que beneficie a los sectores más vulnerables.
Vetó la actualización jubilatoria, aunque ello representara nada más que un aumento del 46% del PBI, y ahora nuevamente ejerció ese poder para perjudicar a las universidades públicas, en las que según él solo estudian los ricos, aunque es el único sector que se ve beneficiado con sus políticas, donde nunca van a perder sus privilegios, sino que los verán crecer durante el transcurso de este gobierno.
El “no hay plata” tiene como únicos destinatarios a jubilados, trabajadores, profesores y maestros, ya que los acumuladores de riqueza, nunca se ven afectados por las políticas puestas en ejecución y para demostrarlo no hay nada más que ir a las cifras, que Milei oculta, desfigura o amaña para tratar de convencer, aunque es cada vez mayor la opinión negativa que crece día a día a en las encuestas. En el caso de las universidades públicas, además de haber sido objeto de variadas acusaciones, ha llegado al extremo de decir que la ley de financiamiento universitario violaba la ley 24.156 de administración financiera, porque no tenía como contrapartida la forma en que sería financiado el aumento fijado en la ley que fuera vetada como lo establece el artículo 38 de la referida norma. Otra de las tantas falsedades del presidente, repetidas por sus laderos, ya que esa exigencia está dirigida a normas que se dicten y no estén incluidas en la ley de presupuesto, pero si se incluyen en la ley, no existe obligatoriedad alguna, de establecer una forma específica de financiamiento. A esto se suma, que al analizar el presupuesto se puede advertir quienes son los beneficiarios, y quienes lo que van a ser objeto del ajuste.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, determinó que las sumas de actualización de la ley universitaria solo representaban el 0.14% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que significa la suma de 738.595 millones de pesos, llegando el año 2025, a una cifra que apenas excedería el 0.40% del PBI, lo que para el presidente representa un exceso inadmisible, debido a lo cual ejerció el veto, sin que le importe en lo más mínimo el financiamiento del sistema que tiene que ver con algo tan esencial como la educación pública. Cabe apuntar el desplome del presupuesto universitario que cayó el 34% desde el año 2023 hasta este último mes, y ha venido cayendo en los últimos 20 años de manera sostenida, siendo el actual el más bajo de las tres últimas décadas.

Beneficios para algunos
Pero sí hay plata y mucha para beneficiar a los ricos y veremos cómo. En la actual Ley de Presupuesto se menciona que la recaudación del impuesto a los bienes personales disminuirá un 22% debido al aumento de la base imponible que pasó de 27 millones a 100 millones de pesos, un nuevo beneficio para los que más tienen. También en la actual ley hay ventajas impositivas por un 4.72% del PBI, que representan 34.2 billones de pesos o 28.300 millones de dólares, lo que significa el 30% del presupuesto total del país. Si no hay plata para pagar los 738.595 millones de pesos para los docentes universitarios, cómo es posible que haya beneficios para sectores privilegiados por 34.2 billones. ¿Es posible darse cuenta de la asimetría de las cifras y de las falsedades del presidente? Pero hay más: en la Ley de Presupuesto se incrementa en un 28% el presupuesto universitario y un 94% los gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Se destinan para educación y cultura, 6.5 billones de pesos; 1.69 billones para ciencia y tecnología y 11.6 billones para pago de los intereses de la deuda que sigue creciendo mes a mes, es decir que los intereses de la deuda duplican lo destinado a educación y cultura, además de otros importes de amortización de capital que deben pagarse, y que llegaran a otros 11 billones más.
Estas son las realidades que Milei no muestra, porque ponen en evidencia la existencia de sectores privilegiados, que son los únicos que se benefician, mientras el “no hay plata” es como un mantra que repite insistentemente para todos aquellos sectores sumergidos en la pobreza y la vulnerabilidad, y a los que los restringidos planes de ayuda, apenas consiguen atenuar de manera insignificante el dolor de estar cada vez más excluidos de un sistema, para el cual solo se han convertido en una cifra estadística que es parte de la destrucción que se ha propuesto.