A 30 años del surgimiento, voces protagónicas analizan avances y retrocesos de la despenalización y la legalización del derecho al aborto en Latinoamérica y el Caribe

Por María José Corvalán

El 28 de septiembre fue declarado Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe. El hecho histórico sucedió en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990 en San Bernardo. Allí la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina, las Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay y feministas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú acordaron esta fecha ícono y conformaron la Campaña 28S.

A 30 años del surgimiento, un análisis con voces protagónicas

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC ) advirtió que la pandemia del COVID-19 “está generando cambios abismales y visibles en los contextos socioeconómicos, profundizando la desigualdad, la violencia contra las mujeres y niñas, la discriminación y el empobrecimiento”. En este sentido afirman que la mayoría de los países están postergando y desatendiendo la salud sexual y que “se encuentran en el final del listado de prioridades de los gobiernos o no se encuentran”.

El Instituto Guttmacher presentó en el mes de abril el informe “Crisis en el horizonte: pérdidas devastadoras para la salud reproductiva mundial debido al COVID-19” Sólo con una disminución del 10% en el acceso a los servicios de atención por el impacto del COVID-19 en los países de ingresos bajos y medios, se generarían tres millones de abortos inseguros. Se calcula que pueden llegar a existir 15 millones de embarazos no deseados más de los que actualmente se dan, 28.000 muertes de mujeres y personas gestantes y que 49 millones de personas no accederán a anticonceptivos modernos

La situación en diferentes países

Ana María Pizarro es activista feminista e investigadora, integra la Campaña 28S desde su fundación y fue una de sus coordinadoras en Nicaragua.  

“Es complejo de analizar el avance por el aborto legal en Latinoamérica porque tenemos diferentes situaciones en diferentes países, pero sí vemos desde México para abajo un importantísimo avance en cuanto a la legalización como en el DF, donde es legal por períodos (hasta las doce semanas de gestación) en vez de por causales”. En este caso el estado garantiza el aborto mientras las organizaciones feministas monitorean la calidad de la atención.

Según analiza Ana María “En Centroamérica, en 1987, comenzó un retroceso en países como El Salvador, Nicaragua y Honduras en donde no hay ninguna posibilidad de interrumpir el embarazo en los servicios públicos porque es un delito y no se puede evitar la pena de cárcel para quienes lo hagan. Al punto tal que en El Salvador se coloca la fiscalía de la policía en la emergencia de los hospitales, y eso ocasionó que hubiera muchas mujeres detenidas y aunque algunas recuperaron la libertad aún hay mujeres presas esperando su liberación”. 

En Honduras también se tornó más difícil la lucha por este derecho desde la conferencia del Cairo de forma tal que hasta la anticoncepción de emergencia (pastilla del día después) quedó prohibida. En Honduras el aborto terapéutico (justificado por razones médicas) estuvo vigente por 171 años, pero en 2006 se prohibió. De todas formas, solo había sido aplicado en el 2,7 % de los casos, por ende, fue una legislación inútil.

En Costa Rica, detalla Pizarro “hay aborto terapéutico y se garantiza dentro de los límites que establecen las causales, y en Guatemala tienen la posibilidad del aborto por causales y la represión directa hacia las mujeres que abortan no se advierte con la misma fuerza y magnitud que en países vecinos”.

Colombia permite el aborto por tres causales y hay un seguimiento muy cercano de las feministas a la aplicación de esta norma que encuentra obstáculos como en la mayoría de los países. “Hay que estar en permanente tensión de monitorear las barreras”.  

En el caso de Chile, tras ser prohibido por Pinochet, fue recuperado el derecho al aborto por causales en la presidencia de Michelle Bachelet, pero esta ley establece la OC (objeción de conciencia) para las instituciones, “lo que es una barbaridad porque son las personas quienes pueden objetar, no las instituciones, el sistema de salud debe brindar la práctica, y el estado debe garantizarla viendo que haya personal dispuesto a cumplir la ley”.

En Venezuela la situación es compleja y las organizaciones feministas también buscan traccionar. Estefanía Mendoza es coordinadora de la organización “Mulhier” y afirma: “sobre el tema del aborto no hay mucho avance. Venezuela tiene una de las legislaciones más restrictivas al respecto que solo lo permite en caso que peligre la vida de la madre, por lo tanto, no hay posibilidad de acceder a la práctica si es una decisión de las mujeres, si es un caso de malformación o un embarazo producto de violación”. El derecho al aborto ni siquiera está en la agenda pública ya que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, el colapso del sistema de salud ante la pandemia y las limitaciones para garantizar la salud. “Hay escasez de métodos anticonceptivos y una economía dolarizada con hiperinflación creciente por lo que las pastillas de anticoncepción pueden costar entre cinco y diez dólares. “Si bien hay varios colectivos que hacen acompañamientos de abortos en la clandestinidad, hay un negocio de clínicas privadas que hacen interrupciones a quienes pueden pagar unos quinientos dólares. Muchas mujeres mueren por abortos inseguros y esto se ve reflejado en informes que dan cuenta de que son maltratadas al llegar a una guardia o las dejan esperando aún cuando sus vidas corren peligro”.

Lilián Abracinskas es directora de MYSU Mujer y Salud en Uruguay. “Uruguay cambió su ley en 2012 y aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que crea servicios legales de aborto dentro del sistema de salud con prestacion en el ámbito público y privado”. En realidad, no legaliza la práctica sino que amplía la excención de la pena hasta las doce semanas por la sola voluntad de la mujer, hasta las catorce semanas si el embarazo es causado por violación, y sin plazos si hay riesgo de vida. “Mi organización formó parte del amplio componente social que luchó para que se reconociera el aborto como una de las dimensiones de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos y como una injusticia social. Una vez que se logró la ley se reactivó la organización al año siguiente cuando la oposición trató de derogarla,sin conseguirlo”.

“En estos siete años de implementación más de cincuenta mil mujeres han transitado por el sistema de salud para realizarse interrupciones y desde MYSU hemos monitoreado diez de diecinueve departamentos”. 

Los desafíos en Argentina

María José Lubertino es profesora de DDHH en la UBA, de la Asociación ciudadana por los DDHH y es cofundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Opina que en el país “se avanza en la lucha por el derecho al aborto, porque la ILE existe hace 100 años, porque hemos ganado las calles y conciencia colectiva. Una barrera para que se garanticen derechos en Argentina es la falta de estado laico, la presión de los grupos fundamentalistas, y el prejuicio de políticas y políticos que obstaculizan el acceso”. Lubertino enfatiza en que es permanente el trabajo colectivo, en redes sociales y en encuentros por plataformas virtuales que refuerzan la articulación con redes federales y globales, y que “no hay pandemia ni crisis económica que nos detenga”.

Maria Alicia Gutierrez es socióloga, feminista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y de RUDA, la Red de cátedras por el derecho al aborto. “Un dato importante es el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la estrategia de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva nacional en articulación con la Campaña para intentar garantizar el acceso a todos los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos en el país, pero esto no es tan así. Hemos corroborado que no se garantiza en algunos casos, que hay provincias antiderechos o que no adhieren al protocolo ILE, profesionales que son objetores de conciencia y que esta información no llega al ministerio de salud”. María Alicia cuenta que en Casilda una niña embarazada producto de abuso llegó con su embarazo a término sin gestión alguna de la dirección ni de la justicia. “Es decir que hay intentos de proveer el acceso a ILE como una prestación esencial, pero eso no quiere decir que se logre”. 

Este 28 de septiembre las redes sociales y la virtualidad reemplazarán las acciones callejeras en toda Latinoamérica.

En relación a la lucha por legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, Maria Alicia cree que se avanza en la estrategia y “se busca apuntalar con acciones virtuales nuestro proyecto, pero veo difícil que en este contexto se debata en el Congreso. El Poder Ejecutivo tiene un proyecto que se desconoce y aunque suponemos que tiene ciertas afinidades con el nuestro, desde la Campaña defendemos el presentado en mayo del 2019 que es de construcción colectiva y no es de un único sector político, lo que da un valor agregado”.

Este 28 de septiembre las redes sociales y la virtualidad reemplazarán las acciones callejeras en toda Latinoamérica.

Lo que antes era un día de encuentros y abrazo será de ciberactivismo y actividades en plataformas en donde una vez más las consignas #NiñasNoMadres, #AbortoLibre, La maternidad será deseada o no será, se impondrán en la región y el mundo.

La demanda por el aborto no es un capricho, es el reclamo de un derecho que permita de una vez por todas demostrar que las mujeres somos capaces de decidir sobre nuestros cuerpos, vidas y proyectos, sin consejos, sin revisión y sin tutela del Estado. Que somos capaces de decidir cómo, cuándo, dónde y de dar #UnGritoGlobalPorElAbortoLegal.