Por Soledad Sallenave

Licenciada en Ciencias Biológicas (*)

El proceso de planificación del territorio en términos teóricos, consiste básicamente en 3 pasos: realizar un diagnóstico de la situación actual; en base a esto, definir una visión a mediano y largo plazo de cómo esperamos que sea nuestro territorio y, finalmente, proponer las estrategias y acciones que nos llevarán a alcanzar esa visión.

Parece sencillo, pero no lo es. Prueba de esto es que los procesos de planificación del territorio que conozco o en los que he participado en diferentes provincias de Argentina, se consolidaron en normativas y planes que, como en muchos otros sitios, han sido implementados parcialmente o no han sido ejecutados en absoluto.

¿Qué es lo que impide que el proceso de planificación – gestión territorial llegue a buen puerto?

Pueden ser varias razones, pero la principal es cuando se pierde de vista que ambos procesos, planificación y gestión del territorio, son de carácter técnico y administrativo, pero fundamentalmente social y político.

Por lo tanto, la planificación de la acción debe ser llevada adelante por un mismo núcleo planificador-ejecutor. Si estos roles se encuentran repartidos en diferentes sectores, es seguro que el proceso no prosperará.

Este equipo planificador- ejecutor debe conformarse al interior del sector gubernamental de mayor jerarquía y con disponibilidad de recursos para la efectiva implementación en territorio de las líneas de acción consensuadas.

El equipo debe tener la capacidad de incorporar los conceptos y aspectos metodológicos de la planificación para la ejecución de las políticas prioritarias y estratégicas de gobierno.

¿Por donde se puede empezar a trabajar? por optimizar aquello con lo que ya contamos. No siempre se necesita algo nuevo sino, simplemente un rediseño. Este es otro elemento clave para el trabajo en el territorio: la creatividad y la innovación.

Por ejemplo, si analizamos con atención, el territorio se haya ampliamente normado tanto para lo público como para lo privado.

En el caso de San Luis, hay legislación para la gestión del agua; la protección y conservación del suelo; el sistema provincial de áreas naturales protegidas; el ordenamiento territorial de los bosques nativos; el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; la regulación de la actividad forestal; de conservación de la fauna; de embalses y la actividad náutica y de pesca; la industria; el turismo; la actividad minera; gestión de los residuos; obra pública; etc.

También conviven tierras fiscales provinciales con tierras de tenencia nacional; tierras restituidas a los pueblos originarios y tierras privadas. Y a una escala local, las zonificaciones municipales.

Ni qué hablar de aquellos nuevos usos que se presentan (producto de la dinámica intrínseca del territorio), como por ejemplo el requerimiento de superficies para emplazamientos de proyectos de energías renovables que colisionan con otros usos y/o actividades preexistentes.

Es menester hacer una revisión de la legislación vigente con impacto territorial según la escala administrativa. Puntos de encuentro, discrepancias, confluencia de instituciones y organismos afectados a la implementación, fondos asignados, anacronismos y vacíos legales.

Emergerán de este proceso, aquellos elementos que deberán ser rediseñados, así como también aquellos que con pequeños ajustes, podrán resultar en profundas transformaciones tanto a nivel institucional como territorial.

Este proceso debe tener siempre presente que el principal vector estructurante del territorio es la inversión pública en obras de infraestructura y servicios.

Este puede ser el inicio de la construcción colectiva de un “Acuerdo puntano para el desarrollo territorial sustentable – San Luis hacia el 2030”.

(Tercera parte)

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(*) Magíster en Gestión Sostenible del Ambiente