PAD es un programa nacional para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia 

Por Majo Corvalán

Las violencias estructurales contra las mujeres y el colectivo LGBTTTIQ+ recrudecieron durante la pandemia por COVID-19 y aumentaron las demandas de respuesta al estado. Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación implementaron una nueva herramienta para la atención de estas situaciones. 

Para conocer más acerca de PAD, Programa Acercar Derechos, dialogamos con Florencia Sotelo, Directora Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Casos de Violencia por Razones de Género, y con Fernanda Panes, delegada del Programa en la provincia de San Luis.

El Programa Acercar Derechos es una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país.

¿Cómo surgió este programa?

-Este programa se puso en marcha para el aniversario del #NiUnaMenos, el acto fue el 4 de julio de 2021 y estuvimos bastantes meses discutiendo sobre el contenido del programa, la idea era establecer un programa que fortaleciera el acceso a la justicia para las mujeres en contextos de violencia de género, pero teníamos una mirada crítica hacia las políticas de estado que se habían centrado en los mecanismos de favorecer la denuncia y que solo daban esa respuesta a la violencia. 

Esta es una idea bastante fuerte del Ministerio porque ese tipo de respuestas (el de la denuncia) no sirven para salir de la situación de violencia ni para construir proyectos duraderos por fuera de la violencia. 

Las personas en contexto de violencia tienen una gran cantidad de vulnerabilidades o de faltas en acceso a los derechos y lo central es garantizar este piso de derechos. Con muchas idas y vueltas surge este programa. Plantea la creación de equipos interdisciplinarios que están integrados por tres profesionales de la abogacía, trabajo social y psicología para que brinde acompañamiento y sirvan como puente con el Estado; describe Florencia Sotelo.

¿Cómo acompaña este equipo a quienes están en situación de violencia?

-El trabajo social debe ser un puente para articular con el Estado, la pata psicológica tiene que ver con contener a las personas cuando se acercan en situación de violencia con la angustia que esto conlleva, y la abogada hace un acompañamiento jurídico. Este acompañamiento lo que hace es asesorar y acompañar el tránsito de este proceso intentando reducir la revictimización. El programa tiene un manual de procedimientos que inicia cuando la persona llega y continúa hasta el cierre, detalla la funcionaria.

Sobre el presupuesto asignado para la iniciativa Sotelo comenta que el presupuesto es propio, que una parte es del Ministerio y otra se cubre con un financiamiento internacional, “un préstamo que recibimos del Banco Centroamericano de Integración Económica: BCIE”. 

¿Cómo se conformaron los equipos interdisciplinarios en cada provincia? ¿Hicieron una convocatoria?

-Hicimos una convocatoria para generar una instancia de contratación para veinticinco equipos, dos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y uno en cada provincia. Se hizo un proceso de selección, analizando los CV que nos llegaron, entrevistas y en base a eso hubo un proceso de capacitación para contarles qué se trabaja en el programa y cómo era mecanismo de respuesta.

¿Cómo llegan las mujeres al programa y cómo articulan con el Estado?

-El escenario es diferente de acuerdo a las provincias, esto nos sirve para tener un termómetro federal que no teníamos antes porque las vías de ingreso son muy distintas. Para nosotras es clave que el programa no funcione con la lógica de las oficinas tradicionales sino que sea un programa para acercarse a las mujeres, y por eso es muy importante para nosotras las organizaciones sociales y el movimiento feminista, porque reconocemos el trabajo que tienen y son quienes caminan los barrios y  puedan poner en alerta al Estado.

Pensamos en trabajar en redes y con la posibilidad de que nos contacte no solo la persona que sufre violencia sino también una persona cercana. Tenemos a disposición un celular y un mail, y pusimos un mail porque no es un programa que interviene en la emergencia sino que trabaja sostenido en el tiempo, informa Florencia Sotelo.

Sobre cuál es la vía abierta que tienen para articular con las OSC, Sotelo refiere que es clave el trabajo de las organizadoras para que el programa se conozca, saben que la campaña de difusión repercute en algunos espacios pero no en todos, “las que impulsamos desde las redes sociales impactan en CABA  y en AMBA pero no en algunas provincias, necesitamos que esas campañas repercutan de forma directa por eso buscamos que se difunda en medios locales”.

La delegada por San Luis, Fernanda Panes describe: “En San Luis tenemos varias instancias por las que entran casos, muchas son derivaciones de compañeras feministas que saben del Programa, también hay derivaciones de otros programas, otras instituciones y es porque rige mucho la violencia doméstica y las mujeres al consultar por el acompañar son detectadas.

Nosotras tenemos las oficinas físicas del programa en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este ministerio es muy requerido y eso nos ayuda a visualizarnos. También los trabajadores del ministerio que están capacitados en ley Micaela a veces identifican situaciones de violencia entonces fácilmente podemos articular. 

¿Quiénes integran el equipo de San Luis?

-Una abogada, que es Fernanda Kabaradjian, una psicóloga Lieselott Ederman y una trabajadora social Carla Jaime. Lo bueno de este equipo es que no está residiendo en la ciudad de San Luis, la trabajadora social está en Villa Mercedes y esto nos permite poder abarcar en una amplitud mucho más extensa para romper con la idea de centralización. Si bien tenemos una oficina física, la idea es lograr que las oficinas seamos nosotras mismas, y si el Estado no está pudiendo resolver cuestiones nosotras podemos acercarnos a las mujeres si ellas no pudiesen venir, informa Panes.

¿Qué respuestas han dado hasta el momento desde el equipo de San Luis?

-Variadas respuestas. Son particulares en cada caso porque las necesidades no son las mismas y todo depende del proceso psicológico que ellas están pudiendo avanzar. Nosotras entendemos que en muchas instancias la denuncia penal es importante pero no como única acción porque el estado emocional de las mujeres no permite dar ese salto cualitativo, por eso trabajamos en herramientas psicosociales. porque sabemos que el agresor al ser denunciado puede tomar represalias, enuncia la funcionaria.

La asistencia psicológica es la primera respuesta articulando con distintas instituciones del Estado como el refugio, salas de salud u hospitales, y este es el factor común de todas las demandas. Un espacio psicológico,.a veces viene con un pedido muy puntual, pero la demanda en común es la asistencia psicológica y asesoramiento legal, que se da pero en la medida que ellas lo necesitan. 

Florencia Sotelo amplía: “el patrocinio no se da, hay un cuerpo de abogados, y el día que se anunció el plan se anunció el traspaso de ese equipo armado en el Ministerio de Justicia de la Nación al “Ministerio de las Mujeres…”, entonces tendríamos a las abogadas de ese cuerpo para patrocinar. Ese cuerpo no funciona en todas las provincias, por eso asumimos el compromiso de que funcione en todas las provincias para brindar patrocinio. El acompañamiento jurídico tiene mala prensa pero ha dado resultados, es una instancia de apuntalar la voz de la persona en el proceso, llamando a la justicia para que tenga un impacto en el proceso. También sabemos presentar escritos, en San Luis no lo hemos hecho, pero en algunos lugares hemos tenido buenas experiencias, muy positivas, por eso queremos construir un mapa de actores judiciales para saber donde tenemos aliades y poder encontrar con quienes trabajar. Poder presentar un informe social  o un escrito para contar la historia es importante. 

A propósito de las experiencias en el proceso de acompañamiento Sotelo rescata: “hay varias experiencias, una de las más recurrentes es cuando las mujeres se trasladan escapando de un contexto de violencia, y les inician en la provincia local una causa por no permitir el contacto con el hijo o por sacarlo de su centro de vida. Entonces intervenimos para que se tenga en cuenta el real motivo de este traslado”. 

Para contactar al equipo de San Luis que pertenece a este Programa hay que mandar un mail a la siguiente dirección: padsanluis@mingeneros.gob.ar y para contactar al programa nacional hay que mandar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: 1127716463.