Sumidos en una crisis económica pospandemia que ya se hace patente, y arrastrando otros problemas, las democracias latinoamericanas vivieron un convulsionado 2020

Agustina Bordigoni

El año 2019 terminaba impredecible para una América Latina que vivió una creciente ola de movilizaciones y que finalizó con otras que aún parecían estar por estallar. El 2020 encontró una convulsionada región a la que, a la par de sus problemas, se le sumó la pandemia del COVID-19, sin dudas un baldazo de agua fría para quienes todavía no se recuperaban del cimbronazo.

Sumado a las constantes crisis económicas (en muchos casos por la extrema dependencia de los países más pequeños a los avatares de la situación global), al descontento social y a la crisis políticas (como en el caso del golpe de Estado en Bolivia), la confianza en las instituciones fue escalando a tal punto de detonar nuevamente a lo largo de este año.

Podríamos decir que esta falta de representatividad tuvo al menos dos consecuencias claras: la menor participación en las elecciones y por ende el desánimo absoluto frente a un cambio posible (ocurrió por ejemplo en las legislativas de Venezuela en donde participó el 31% del padrón); o, muy por el contrario, una concurrencia masiva a las urnas fundamentada en esa misma desconfianza en el sistema establecido.

Ejemplo del último caso es Chile, en donde más del 50% del padrón, una cifra histórica en una elección no obligatoria, votó a favor de modificar la Constitución y en definitiva, en contra de la vieja Carta Magna.

Dentro de este grupo está también el caso de Bolivia, que con una participación del 87% del electorado, también eligió concurrir en masa a votar en contra del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En estos dos últimos casos, claro, la masividad y el amplio apoyo a la opción elegida sin dudas dotarán, tanto a la Convención Constituyente de Chile como al nuevo presidente boliviano Luis Arce, de una legitimidad nada desestimable teniendo en cuenta lo antes expuesto.

Por otro lado, en los lugares en los que no había una elección prevista, la voluntad popular se hizo manifiesta en las calles, con movilizaciones que piden el fin de un gobierno (tal es el caso de Guatemala) o que surgen frente a la designación de un nuevo presidente y contra el avasallamiento de un poder del Estado sobre otro poder. Tal ejemplo fue el de Perú, con tres presidentes en menos de una semana.

Hay algo que une a todos estos casos y es esa falta de representación, manifiesta de distintas maneras y por distintos sectores que no se sienten escuchados o interpretados por sus “representantes”.

Más que un vocero

“En el ámbito político, la representación alude al proceso por el cual los ciudadanos delegan su voluntad y sus intereses en el ámbito de las grandes decisiones colectivas. En este caso, el representante político ocupa el lugar de los ciudadanos por medio de un conjunto de procedimientos autorizados desde el espacio público en el ámbito de las llamadas ‘democracias representativas’”, se define en el Diccionario de Estudios Latinoamericanos (Mónica Szurmuk y Robert M. Irwin, 2009). 

En términos sencillos, y desmembrando esa definición, podemos decir que la representación o la representatividad es un proceso. Por ende, y como tal, tiene sus altibajos o períodos en los que realmente cumple esa función y otros en los que no.

En Ecuador, que elige presidente en 2021, son 16 los candidatos que se disputarán el puesto, una clara muestra de que muchos de los partidos no lograron aglutinar en una sola consigna los intereses que dicen defender.

Este país además atravesó durante los últimos años una serie de movilizaciones contra las medidas de ajuste y quita de subsidios del presidente Lenin Moreno. Estas decisiones fueron tomadas en clara diferencia con su antecesor –y anterior aliado– Rafael Correa. El país llega entonces a unas elecciones marcadas por un profundo quiebre y el veto a la participación del expresidente Correa como candidato.

También, ese sistema o personalidad representante, debe tomar decisiones en nombre de los ciudadanos. Pero ¿quiénes son esos ciudadanos a los que hay que representar?

Las nuevas generaciones

Uno de los sectores de la sociedad que cada vez más exige la representación es el de los jóvenes. Y ese sector, muy convocante, adquiere su poder de convocatoria a través de métodos muy distintos a los utilizados hasta ahora.

Las redes sociales fueron un factor determinante en las recientes protestas de Perú por la destitución de Martín Vizcarra y su reemplazo por Manuel Merino. Ambas decisiones, tomadas por un Congreso con cada vez menos poder de representación y apoyo de los peruanos, generaron una creciente ola de protestas que terminaron con la vida de dos jóvenes en manos de las autoridades.

La llamada “generación del bicentenario” logró sin embargo que el Congreso designara a otro presidente, Francisco Sagasti, que gobierna el país actualmente y (si todo se mantiene igual) hasta las próximas elecciones.

La juventud también jugó un rol central en Chile, protagonista de las primeras marchas contra el aumento del boleto del metro y a las que se fueron sumando amplios sectores durante el convulsionado 2019. En 2020 las manifestaciones continúan, esta vez en pedido de la liberación de los que fueron detenidos durante las primeras movilizaciones.

En Colombia, contra el asesinato de líderes y lideresas sociales o en Ecuador contra las políticas de Lenin Moreno, la juventud también jugó un rol crucial en el estallido de  la crisis de representatividad.

Esas nuevas generaciones no se sienten ya a gusto con una organización política a la que consideran corrupta o cuanto menos inadecuada para solucionar los problemas de fondo, y entre ellos el más acuciante de todos: la desigualdad.

Reclamos plurinacionales y constitucionales

Parte importante de la población que también se considera excluida del sistema son los pueblos originarios. En el Estado Plurinacional de Bolivia gran parte de la sociedad sintió un retroceso durante el gobierno de Áñez, mientras en Perú el reclamo histórico de las comunidades amerindias propugna por una Estado que las abarque y por fin las represente.

En Guatemala, los indígenas mayas, xinkas y garífunas también salieron a las calles durante el año, para mostrar que, a pesar de ser uno de los sectores más importantes del país, no son tenidos en cuenta para las decisiones que también les afectan.

En los últimos meses hicieron valer su voz exigiendo la renuncia del actual presidente, Alejandro Giammattei, cuyo mandato está en crisis no solamente por un reclamo social contra el presupuesto 2021, sino también a nivel interno ya que fue el propio vicepresidente, Guillermo Castillo, quien le pidió públicamente a Giammattei disolver el gobierno.

Lo que reclaman los pueblos originarios es, en definitiva, una nueva Constitución. Y no solo una nueva Carta Magna sino también una que los incluya verdaderamente como parte de la ciudadanía a representar. En Chile, y tras varios pedidos, 17 representantes indígenas participarán de la Convención, lo que abre esperanza sobre el nuevo documento que reemplazará al redactado durante la dictadura de Pinochet.

La cuestión de una nueva Constitución o la reforma de la actual es un tema que también se debate en Perú, que además y con gobierno interino, se prepara para los comicios de abril del año entrante.

La representación y sus implicancias

Resumiendo, la representación política es un concepto multidimensional que abarca aspectos como la selección del liderazgo (y en esto entran los partidos políticos y su escasa representatividad), la delegación de la soberanía popular, el control político, la transmisión e interpretación de las demandas sociales, la legitimación y la participación (que, como se señaló más arriba, están íntimamente ligadas).

Como señala Norberto Bobbio en su Diccionario de Política “las elecciones desempeñan funciones muy diversas, es decir de movilización del consenso y de legitimación (…) Interpretando las elecciones como ‘juicio’ y una ‘elección’ se pueden ejercer tanto sobre personas como sobre programas y actos políticos”.

Por lo tanto, ya sean líderes, sistemas o programas de los que se trate, la falta de representación es notable y clara en una región que deberá iniciar el 2021 con la necesidad de contar con fuerzas políticas fuertes y legítimas; cosa que en algunos países aún no se logra conseguir.