La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigencia el 24 de enero del 2021. Las provincias deben garantizar los mecanismos para que su aplicación se cumpla

Por María José Corvalán

“Estoy acostumbrada a hablar y escribir en tono de batalla y no en tono de alabanza. Entonces, me faltan palabras para decir mi nueva relación con este hecho histórico, que celebro porque hoy ya no es un deseo o un anhelo, sino el resultado obtenido con muchos años de luchas colectivas en las que he participado, insistido, desesperado, peleado, demandado y, en el último tiempo, hasta profetizado, junto con mis compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, el ‘¡SERÁ LEY!’ que hoy se cumple”. 

Así escribía Martha Rosenberg, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, un breve texto que, si le permitían, iba a leer en el acto de promulgación de la Ley 27.610 de Interrupción Legal del Embarazo.

Un derecho que en países como Rusia fue reconocido en 1911 y en Latinoamérica aún cuesta conquistar: si no miremos lo que pasa en países como Honduras, en donde se introdujo una prohibición para abortar en la misma Constitución del país.

En Argentina, la lucha por el reconocimiento de este derecho no es nada nueva, las primeras acciones se registran en la década del 80 aunque la Campaña, como tal, se organiza hace 15 años en uno de los Encuentros Nacionales de Mujeres como estrategia política, federal y feminista de lograr el aborto legal, seguro y gratuito.

“Por obra de la voluntad y la acción de un movimiento de mujeres –feminista- que ha sabido cómo poner en juego sus fuerzas, sus objetivos y sus argumentos de manera de transmitirlos sumando. Sumando al presidente y a su gabinete que tuvieron el valor de prometerlo y cumplir con su promesa. Sumando diferentes espacios políticos, distintas generaciones, identidades sexo-genéricas diversas, pluralidad de comunidades étnicas, de personas de todas las condiciones socioeconómicas, territorios lejanos y condiciones educativas y habitacionales profundamente desiguales.

El objetivo de la legalización del aborto anuda todas las diferencias que atraviesan a toda la población y, particularmente, a las mujeres y personas con capacidad de gestar, para construir justicia e igualar lo que está injustamente jerarquizado“, continúa Martha Rosenberg.

El 10 de diciembre el proyecto de ley de IVE presentado por el Ejecutivo Nacional y elaborado por Vilma Ibarra, que recupera gran parte de los proyectos presentados por la Campaña, fue tratado y aprobado en la cámara baja del Congreso, en medio de otra histórica vigilia de fiesta, barbijo, glitter y alcohol en Capital Federal y en decenas de ciudades de todo el país. 

El 29 de diciembre a las 16 hs inició la sesión en el senado, el mismo que el 8 de agosto de 2018 nos había dado un revés, y esta vez convertía el proyecto en ley a las 4 de la madrugada del 30 de diciembre. 

San Luis aportó cuatro votos en esta oportunidad, los de José Riccardo, Alejandro Cacace y Carlos Ponce en diputados, y el de la senadora Eugenia Catalfamo. 

El 14 de enero el presidente de la Nación Alberto Fernández ofició un acto protocolar para promulgar la ley: “Hoy estoy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado, una gran injusticia que vive la humanidad” dijo Fernández, y si bien estamos lejos de vivir sin opresión, sin mandatos y sin violencias por razón de género, la vigencia de esta ley salda una de las tantas deudas que mantiene la democracia con las mujeres. 

¿Y ahora qué?

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigencia el 24 de enero del 2021 y establece que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden si lo desean y sin dar razón alguna, acceder a un aborto hasta la semana catorce inclusive, tanto en el sistema de salud público como privado. 

Luego de este plazo se mantiene el derecho a acceder a una interrupción legal por causales en casos en que el embarazo sea causado por abuso o ponga en riesgo la salud y la vida de las personas. 

Algunas provincias ya comenzaron a prepararse para garantizar la aplicación de esta ley. 

San Luis

“La ILE se cumple con muchas barreras, hay escasa difusión de esta práctica como derecho y quienes son objetores de conciencia aún impiden la práctica por eso desde ADEM y la regional San Luis de la Campaña enviamos una nota a la Ministra

de Salud para pedirle una reunión y colaborar, desde nuestra experiencia, en la aplicación de la ley de aborto legal”, dijo Lily Manini.

Por su parte, la referente del Programa de Salud Sexual Reproductiva de la provincia, Yolanda Bertazzo, adelantó que San Luis aplicará el mismo protocolo que aplique la Nación respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“No habrá un protocolo distinto al de Nación”, aclaró la funcionaria.

Respecto de la situación en la provincia dijo que desde que se aplican los protocolos de ILE se ha logrado una reducción del 50% de las internaciones por abortos clandestinos en la provincia.

Buenos Aires 

El lunes 18 de enero la Provincia de Buenos Aires presentó formalmente la Guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el marco de la Ley Nacional 27.610, “en principio podemos evaluar que la misma profundiza y aclara desde qué percepción de salud promueve la IVE el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

Establece la guía práctica combinada dejando criterios claros entre la IVE y la ILE, la concepción de la práctica desde una perspectiva integral de Salud como lo dictamina la OMS: ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’”, explica Sandra Di Seri (Chana), parte de la Campaña de la regional La Plata.

“En el caso de la figura de Objeción de conciencia aporta claridad estableciendo que, si al momento de la consulta la persona que desea interrumpir una gestación de modo voluntario está muy cerca del tiempo límite para el acceso a la práctica, entonces no podrá derivar y se le deberá garantizar la práctica. 

Establece criterios de responsabilidad para todo el personal de salud y también sus funcionarios”, agrega Chana.

Para Di Seri los principios básicos que enmarcan la práctica aborto y posaborto en el caso de cumplirse, evidenciarán un cambio de paradigma, donde el acceso y la perspectiva de la salud como un derecho permitirán “el ejercicio de la autonomía sobre nuestros cuerpos, vidas, deseos y libertades”. 

La Pampa

Desde el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito informaron que, a partir de la promulgación de la Ley Dora Coledesky N° 27.610, “mantuvimos contacto con las autoridades de Salud para conocer las acciones que desde el gobierno provincial se desarrollarían para la implementación de la norma que establece la IVE.

Nos han confirmado que a partir de la primera semana de febrero se iniciarán reuniones con los equipos de Salud dependientes del Ministerio con la coordinación de los diferentes programas del Ministerio de Salud que se encuentran abocados a cumplir con lo establecido por dicha Ley.

Al mismo tiempo se ha planteado mantener los encuentros periódicos de monitoreo con el Foro, que se vienen sosteniendo desde el año 2018 para el seguimiento de la implementación de la ILE, y que ahora también estarán destinados a evaluar las acciones respecto de la Ley IVE”.

Por su parte, el Foro mantuvo una reunión provincial el lunes 25 de enero, para decidir las acciones de activismo de todos los aspectos de la Ley 27.610, especialmente aquellas vinculadas con los monitoreos de las Leyes de ESI, la Ley IVE y los Programas de SS y SR a nivel provincial, su difusión y la comunicación a nivel nacional y provincial.

“Desde el Foro Pampeano queremos resaltar el logro de la sanción de la Ley IVE como un paso trascendente y necesario en la lucha llevada adelante por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito durante años y a lo largo de todo nuestro país, que ahora debe continuarse, y así lo sostenemos desde el Foro Pampeano, con igual vigor y compromiso para lograr su implementación en cada lugar de la Argentina”.

Catamarca

Analía Álvarez es periodista feminista y asegura que tras dialogar con el ministro de salud de esta provincia le advirtieron que en Catamarca van a continuar trabajando con los mismos equipos de salud que antes de la ley garantizaban la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). 

Tierra del fuego

El Ministerio de Salud provincial anunció que trabaja en la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que “utilizará los dispositivos ya existentes para Interrupción Legal del Embarazo mientras trabaja en la ampliación de los equipos de profesionales y en la compra de medicación específica”, explicó Florencia Basso, periodista de esa provincia.

“Conseguir que la ley se encarne en las prácticas concretas y de acceso universal, que es el objetivo emergente de este momento histórico, tendrá que expresar y fortalecer la densidad de los vínculos construidos respetando la interseccionalidad sin la cual no se sostiene ninguna transformación social de fondo, como las que queremos: las que continúen la demolición del patriarcado. 

El derecho al aborto es un ejemplo de que la dinámica de ampliación de derechos es expansiva y que los problemas de la democracia se curan con más democracia”, dice Martha. Y será este el desafío de los estados provinciales con el empuje de las redes y organizaciones que lejos de bajar los pañuelos verdes, los sostenemos más fuerte que nunca. 

El aborto es una práctica sencilla, ambulatoria, que se puede atender en el sistema primario de salud y la ley ya está vigente, es decir que no requiere de guías o protocolos sino de su aplicación directamente.