Por Naomi B. Calabrese Cunti

En lo que parece un cuento con final feliz, el 3 de marzo de 2018 los pueblos originarios peruanos Awajún y Wampis lograron poner freno a unas empresas petroleras que funcionaban en el denominado Lote 116, presentando una demanda de amparo al Ministerio de Energía y Minas (Minem) del país. 

La Corte Superior de Lima declaró que las empresas petroleras que estaban operando en dicho Lote, ubicado en un sector del Amazonas peruano y abarcando parte de zonas protegidas, debían retirarse por omitir la consulta previa. La ley de Consulta Previa fue promulgada en 2011 por el expresidente Ollanta Humala, y declara como derecho de los pueblos originarios de Perú la consulta previa en medidas legislativas o administrativas que los afecten. 

El problema radicaba en que la ley se aprobó en 2011 y la lucha por el Lote comenzó en 2006. La Corte Superior dictaminó que sí es exigible la consulta previa de los lotes concesionados antes de 2011. Ordenó la suspensión de actividad en el área y la retirada de las empresas, con posibilidad de multa si no la cumplen y hasta de denuncia penal. Además se informó que Minem y Perupetro deben realizar un nuevo EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), el cual debe ser consultado.

La categoría “cuento” queda corta y lejana para este suceso. Lo que de verdad ocurrió fue la lucha sin descanso de pueblos originarios durante más de 12 años, en donde fueron inferiorizados y silenciados. Esta victoria representa una esperanza para todos los pueblos originarios a los que se les quitó su territorio en pos de un “desarrollo” racional e incuestionable con base en una única forma de producción, la capitalista.

Durante años se tachó a los nativos de poseer tierras “improductivas” y encontrarse atrasados con respecto a la dinámica mundial, planteando de esta forma una única manera de desarrollo, de progreso: la explotación de la naturaleza para producir distintos bienes de consumo global.

Podemos definir (tomando una dimensión de este problema que posee múltiples) ésta lucha como una tensión de territorialidades*, en donde distintos actores sociales producen sus sentidos en base a un determinado espacio, el cual es compartido por ambos “bandos” pero cuyos sentidos son antagónicos. En dicha tensión, los bandos no tienen las mismas condiciones, ni acceso a recursos, por lo que el poder implicado se encuentra jerarquizado, pudiendo un grupo poseer mucho más poder que el otro.

Las Ciencias Sociales cada vez más  tratan de implementar el uso de la palabra territorio como una forma de construcción y no solo un mero espacio físico y conformada por dos dimensiones: la material y la simbólica.

Si tenemos esto en cuenta, se puede decir que un territorio puede relacionarse con procesos funcionales, que encierran los ámbitos económico-político, o con procesos de carácter simbólico (político-cultural); siendo lo más común primero la dominación del territorio de forma material y luego la apropiación de forma simbólica.

Primero se les quita sus tierras a los nativos y se comienzan procesos extractivistas y luego se implementan discursos en los medios/opinión pública en donde los pueblos originarios son tachados de violentos, de incapaces o hasta se los desterritorializa, diciendo que no pertenecen al país al que le exigen sus tierras (como paso con los Mapuches en Argentina), a parte de invisibilizar sus concepciones no lineales del espacio y del tiempo.

Los pueblos nativos no son atrasados o anti-desarrollo. Están defendiendo su derecho a mantener su territorio, que han poseído durante años y que han cuidado de generación en generación. Notan la destrucción de los recursos naturales que sufren los distintos sitios donde se posicionan empresas extractivistas y el envenenamiento de las personas que trabajan en las zonas. Entienden que se puede vivir de la naturaleza sin la necesidad de explotarla o agotarla, asegurando la vida de sus sucesores. Debemos dejar de desacreditarlos o incluso fingir que no existen, como hizo nuestro querido expresidente argentino Roca con la llamada “Campaña del Desierto”. No era un desierto. Eran comunidades que fueron masacradas para que un par de hacendados pusieran sus nombres en esos terrenos. Y lo peor, es que continuamos viendo calles con su nombre, estatuas, su cara en un billete que a medida que pasa el tiempo vale menos y nos enseñan en la escuela sobre él. Nadie pareciera recordar a nuestros verdaderos antecesores, cuyas vidas valieron menos que una hectárea.

Bibliografía:

• Schmidt, Mariana Andrea. En “Territorio(s), desarrollo (in)sustentable y naturaleza colonizada, mercantilizada y ambientalizada”.
• Madoery, Oscar. En “El desarrollo como categoría política”.
• Svampa, Maristella. En “Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias” Capítulo 1 y 2.
• Figueroa Garro, Bernardo. En “Fundamentos epistemologicos y éticos del periodismo ambiental crítico en Argentina”. Parte 2.1.2 títulada “Sociologías de las ausencias y las emergencias”.
• Información sobre el caso consultada a través de distintos medios peruanos y organizaciones sin fines de lucro, siendo algunas de ellas: Biodiversidad LA, CAAP, Gestión PE, entre otros.