Una teoría que va desde la pretensión estatal al desconocimiento de los Estados, y que reflotó con la llegada de la “terranave” a San Luis

Por Guillermo Genini

Aldea Contemporánea

La sorprendente noticia de una pareja con cuatro niños que no poseían documentación que acreditara identidad fue demorada en un control policial de la provincia de San Luis llamó la atención de la prensa de toda Argentina. Inmediatamente se dieron a conocer detalles insólitos sobre esta situación, tales como la elaboración de documentos caseros, la identificación de un vehículo como “terranave” o el lenguaje particular que utilizaban para interactuar con las autoridades policiales o judiciales intervinientes. Por las pocas referencias que trascendieron, entre ellas que una de las personas allegada afirma tener conocimientos de leyes en Estados Unidos, que se refiriera a las autoridades como parte de “una corporación” o reclamara que no han dado su consentimiento para portar documentos oficiales, se puede vincular a este grupo con los “soberanistas”.

El término soberanista es mayormente desconocido dentro del ámbito público de Argentina y la mayoría de los países del mundo, pero en algunos casos se ha abierto paso en ciertos países como Estado Unidos o España por razones disímiles. 

En general puede afirmarse que con el mismo término se denominan dos fenómenos diferentes. En una primera acepción, vinculada a la Ciencia Política y el Derecho Internacional, se lo identifica con la pretensión de determinadas regiones, provincias o distritos que forman parte de un Estado constituido de separarse del resto. Puede ser asemejado en algunos aspectos con el secesionismo, el independentismo y el nacionalismo.

Este sería el caso de Cataluña con respecto al Estado español. Por otra parte, el término soberanismo refiere a una cantidad indeterminada de iniciativas individuales o colectivas de personas que desconocen la autoridad del país donde viven y se consideran a sí mismos como ciudadanos soberanos o “sovereign citizen” como se los conoce en inglés. En este caso se hace referencia a una serie de conductas antigubernamentales que nacieron en Estados Unidos y que recientemente se han manifestado en otros países de tradiciones anglosajonas como Canadá y Australia. 

El soberanismo catalán

En el primer caso, el soberanismo se presenta como el desafío de algunas autoridades catalanas al Estado español por el cual desconocen su soberanía y pretenden separarse de España y crear un Estado catán. Esta postura originó un conflicto de graves consecuencias políticas e institucionales en 2017, que involucró a las autoridades de España, Cataluña y la Unión Europea. Este conflicto implicaba la aceptación (o no) de la creación de un nuevo Estado como consecuencia de la decisión “soberanista” de una parte de un estado constituido y reconocido. En este caso el Parlament catalán pretendía revisar con su iniciativa más de 500 años de historia.

La conformación de España como Estado moderno se remonta al siglo XV cuando, por decisión de sus respectivos reyes, se constituyó una unión matrimonial entre dos reinos ibéricos que daría después nacimiento al Estado español tal y como se lo conoce en la actualidad. En 1469 Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla y León se casaron y acordaron que sus respectivos reinos se unirían en sus herederos, según se estipulaba en el derecho dinástico vigente. De esta manera los llamados “Reyes Católicos” conformaron la base de una nueva organización estatal unificada que primero quedó en mano de su hija Juana I en 1506, conocida como Juan la Loca, y poco después de su nieto Carlos I de España, desde 1516. 

Desde el siglo XII Cataluña había sido parte integrante de la Corona de Aragón y, por lo tanto, pasó desde comienzos del siglo XVI a ser parte integral de España, ya que nunca fue un estado independiente. En este sentido el politólogo español Carlos Fernández Liesa afirma: “La pretensión de crear un Estado catalán independiente aparece en tiempos recientes, y es el resultado del nacionalismo catalán radicalizado, cuyos orígenes se sitúan a finales del siglo XIX, en el contexto europeo del principio de las nacionalidades”. 

Esta postura soberanista de los grupos políticos nacionalistas e independentistas catalanes fue apoyada por gran parte de la sociedad civil en base a un particularismo cultural o idiomático incentivado por la propaganda oficial que consideraba que el régimen autonómico de Cataluña en el marco de la Constitución Española de 1978 era insuficiente para dar cabida a la “nación catalana”. 

Ante el rechazo de los planteamientos soberanistas catalanes –ya que el Referéndum sobre la Independencia de Cataluña de octubre de 2017 fue desconocido por el Tribunal Constitucional Español–  se recurrió a la internacionalización del conflicto bajo el argumento que era necesaria la intervención de las autoridades europeas ante la violación de los derechos inherentes de los catalanes por parte de España. Sin embargo, la Unión Europea rechazó el planteo catalán siguiendo el principio aceptado desde la Revolución Francesa que el titular de la soberanía es el cuerpo electoral de una nación, hecho confirmado por el constitucionalismo contemporáneo.

Esta decisión implicó que se reconocieron a los Estados ya existentes, como España, que no pudo ser considerado como opresor pues conforma un país democrático y regido por el Estado de derecho. Se cerraba así el camino comunitario al reconocimiento de las llamadas “naciones culturales” para convertirse en Estado y obtener su propia soberanía.

Los soberanistas contra el sistema

En el segundo caso la explicación de este fenómeno es más confusa y divergente. Existen antecedentes de la conformación de comunidades soberanistas que asumieron su propia representación sin responder a ningún Estado ya conformado dentro de los Estados Unidos como una entidad soberana y reconocida internacionalmente. El más destacado fue el Estado de Franklin, proclamado en 1785 por tres condados en territorio federal al oeste de Carolina del Norte. Si bien su existencia fue efímera, pues fue sometido a la autoridad estatal en 1788, demuestra que la tendencia hacia la búsqueda propia de seguridad, libertad y felicidad, tal como lo proclamaba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, se encontraba presente en parte de la población estadounidense. 

En la actualidad se considera que las tendencias soberanistas adquirieron visibilidad en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, conformadas por personas que consideran que, si bien viven en un país, no forman parte del mismo y que, por lo tanto, al no brindar su consentimiento a las leyes de ese país, conservan sus derechos soberanos. Según su propia afirmación, que poseen una multitud de variantes y alcances, cuestionan el poder que posee el Estado para controlar su vida y sus bienes. Así, alegan que el Estado, como organización legítima y representativa de la sociedad, no posee potestad sobre ellos por lo que no están obligados a aceptar ninguna ley, reglamento o imposición estatal.

Esta tendencia tomó relevancia en ciertos grupos de resistencia ante el pago de impuestos federales que se aplicaron después de la Segunda Guerra Mundial y de la sanción en 1952 del Código Comercial Uniforme (UCC en sus siglas en inglés). Este código permitió armonizar las leyes de ventas, compras, registros comerciales y otras transacciones en todo Estados Unidos, lo que fue interpretado por sectores defensores de los derechos ciudadanos, organizaciones patrióticas cristianas y grupos de supremacistas blancos como un avance del gobierno federal sobre las libertades individuales.

Algunos de estos sectores adhirieron al movimiento Posse Comitatus (del latín “fuerza del condado”) en la década de 1960 que proclamaba la resistencia contra el gobierno federal al cual acusaba de violar los derechos políticos y sociales de los ciudadanos estadounidenses y llamaba a la resistencia contra el pago de impuestos, salvo las contribuciones de cada condado, y defendía el uso libre de las armas.

Hacia la década de 1990 se difundieron y estandarizaron razonamientos y prácticas basados en fórmulas pseudolegales, en donde se mezclaban distintos conceptos sobre la libertad y el desconocimiento de las normas. Estos se basan en interpretaciones vagas y confusas del derecho natural de raíz anglosajona, lo que ha generado la creación de procedimientos y excusas basada en un pseudoderecho, que han sido invalidados y refutados por los tribunales de justicia. Entre estas prácticas se encuentran con frecuencia la elaboración propia de documentación apócrifa, pues rechazan las otorgadas por las autoridades estatales, a las cuales consideran como “una corporación ilegítima”.

Así, el movimiento de los ciudadanos soberanos amplió su alcance y se crearon redes de adherentes que desafían tanto a las autoridades locales, principalmente a la policía, como a las autoridades federales (servicio sanitario, agentes fiscales, seguro social). Pese al combate impulsado por las autoridades y los tribunales, la popularidad de este tipo de fundamentos pseudolegales se ha ampliado gracias al avance del mundo digital y las redes sociales. Se estima que en Estados Unidos existen más de 300.000 adherentes a las posiciones de los ciudadanos soberanistas según el Informe de Inteligencia del Centro de Leyes de Pobreza del Sur, organización especializada en la defensa de los derechos civiles.

Si bien en su mayoría las prácticas de resistencia y desconocimiento a las normas legales establecidas son pacíficas y se resuelven en los tribunales, en Estados Unidos las personas y organizaciones soberanistas están consideradas como peligrosas por las autoridades de seguridad como el FBI, que mantiene una estrecha vigilancia sobre sus actividades.

Desde el atentado contra el Edificio Federal en la ciudad de Oklahoma de 1995, cuyo principal autor adhería a ideas supremacistas y soberanistas, se elaboran listas con posibles focos de terrorismo interno. En ellas aparecen como una de las principales amenazas las agrupaciones de soberanistas que en algunos casos se las califica como extremistas antigubernamentales, especialmente por su rechazo al gobierno federal y su resistencia a la identificación personal por medio de documentos oficiales, lo que impide o dificulta su registro ante eventuales conflictos con las autoridades locales o federales.

Por lo manifestado por las personas demoradas en San Luis, se puede encontrar semejanzas con los soberanistas estadounidenses. Lo sorprendente de esta situación, que posee una larga tradición dentro de los Estados Unidos, es que se ha proyectado hacia ámbitos lejanos tanto en su naturaleza social, legal como política, hasta alcanzar el sur de América.