Por María José Corvalán

Parece mentira, pero en todos los escenarios las mujeres salimos perjudicadas.

En abril el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) alertó al mundo sobre el impacto de la pandemia en la salud de las mujeres y advirtió que las situaciones de aislamiento y las complicaciones en los sistemas de salud podrían causar 7 millones de embarazos no planeados, debido a que más de 47 millones de mujeres tendrían barreras para acceder a los MAC (métodos anticonceptivos).

“Es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y medianos no puedan acceder a anticonceptivos modernos, y se prevé que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga 6 meses y los servicios de salud experimentan interrupciones importantes”, afirmó Natalia Kanem, directora ejecutiva de UNFPA.

A menos información, menos derechos

Los embarazos no intencionales provocan abortos clandestinos, suicidios, maternidades forzadas y todo tipo de consecuencias nefastas para las mujeres en sus vidas y en su salud. Ya sea que se transiten tiempos de coronavirus o no. Muchos de estos embarazos se dan en situaciones de violencia por razón de género cuando los agresores utilizan la maternidad impuesta como un método de control y de opresión. Las mujeres consienten relaciones sexuales sin protección por miedo, aunque también hay sectores desinformados o condicionados por barreras culturales o religiosas.

“Si hay embarazo causado por abuso sexual o que ponga en riesgo la salud integral de una persona hay derecho a la ILE”, solemos repetir en redes, medios y a quién quiera oír. El punto es: ¿todas las personas saben qué significa ILE? ¿Cómo se requiere la práctica?, ¿cómo es el procedimiento?, ¿qué método se utiliza?, ¿qué es el protocolo ILE? Sin información no hay derechos.

Por la pandemia,“es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y medianos no puedan acceder a anticonceptivos modernos, y se prevé que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga...”

Natalia Kanem, directora ejecutiva de UNFPA

Desde ADEM San Luis, en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, trabajamos desde hace 15 años en la difusión de derechos, exigiendo políticas públicas que mejoren la calidad de vida y el acceso a la salud de las personas, así que este escenario nos aterra. El viernes 17 de julio, realizamos un conversatorio: “La ILE es un derecho”, que se organizó de forma conjunta con el INADI delegación San Luis, y contó con la participación de varias panelistas. La principal fue Valeria Islas, a cargo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, quien no solo intervino sino que permaneció por más de dos horas escuchando las realidades de San Luis y dando respuestas a las consultas.

A propósito del Protocolo

“Me pidieron que hable sobre el Protocolo”, comenzó Valeria. Hacía referencia al Protocolo nacional para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. El mismo está publicado en la página del Ministerio de Salud, y se puede encontrar de forma muy sencilla googleando. “Hace poquito elaboramos un resumen y lo circulamos para que los equipos de salud puedan acceder a los principales aspectos del Protocolo”. En relación al análisis del nuevo protocolo, Isla aseguró que “hasta el 2010 hablábamos de abortos no punibles, pero el fallo F.A.L. de 2012 dio un respaldo en el tema, y en 2015 ya se estableció el protocolo para las personas que acceden al derecho de la interrupción legal del embarazo. En 2019 lo que se hace es actualizar este protocolo que aplica en todo el territorio argentino, hayan o no adherido”.

El protocolo detalla con mucha claridad las circunstancias para acceder a la ILE, los deberes y obligaciones de los equipos de salud, los plazos y las medidas de excepción. También aporta los abordajes, las técnicas para ejecutar la ILE, la anticoncepción post aborto y la obligación de dar información oportuna, clara y accesible. Todo en el marco de los derechos humanos.

“El concepto de autonomía que nos da el protocolo deja en claro que quien decide es la mujer o la persona gestante en relación a continuar o no un embarazo según sus ideas, sentimientos, circunstancias, relaciones y momento”, describe Islas.

En relación al consentimiento informado (declaración jurada que hay que firmar antes de la práctica) corresponde para niñas y adolescentes entre 13 y 18 años de edad, pero si se trata de niñas menores de 13, igualmente estas deben ser escuchadas y, como dice este protocolo, que su opinión sea tenida en cuenta.

Con respecto a las mujeres con discapacidad, el Protocolo establece que tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica y a otorgar consentimiento utilizando sistemas de apoyo si así lo desean.

“No hay que judicializar la práctica de la ILE, para eso está el protocolo que es una herramienta para los equipos de salud, para que se sientan respaldados, para que entiendan que la ILE es una práctica sanitaria más”

Valeria Islas, Directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación

Valeria Isla explicó que en caso de cursar un embarazo producto de violencia sexual hay derecho a acceder a la ILE, entendiendo que esta causal se da si la niña es menor de 15 años, si hubo amenaza, si la acción sexual fue en contra de su voluntad, o si la persona no pudo consentir libremente.

“La causal salud es un concepto que nos trae la OMS donde considera dimensiones físicas, mentales y sociales de las personas. En este momento estamos realizando encuentros con equipos de salud donde se trabajan estas causales para aprender a hacer las certificaciones y así garantizar el acceso”.

La directora de Salud Sexual y Reproductiva destacó que algo muy importante a tener en cuenta es que todas las niñas menores de 15 años tienen derecho a acceder a la ILE por el solo hecho de tener menos de 15, porque el embarazo es un estado que conlleva riesgos para la salud y para su vida.

A esto agregó que “no hay que judicializar la práctica de la ILE, para eso está el protocolo que es una herramienta para los equipos de salud, para que se sientan respaldados, para que entiendan que la ILE es una práctica sanitaria más”.

Contexto sanluiseño

Del encuentro participaron panelistas de San Luis, como Héctor Zabala (a cargo del INADI) quien destacó que “es importante para nosotros trabajar la salud como una cuestión integral y con acceso sin discriminación” Zabala describió que en San Luis los pueblos tienen diferentes características y que la ley de objeción de conciencia, que está vigente desde el 2008, les permite a algunos profesionales negar este derecho sin que tengan ninguna consecuencia.

Ariel Sanabria, integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir en San Luis, contó que desde hace 10 años la red aporta a garantizar derechos y que desde 2009 en Villa Mercedes se conformó el equipo ILE: “Desarrollamos un protocolo local de actuación que sigue los lineamientos del nacional pero está organizado según el sistema de salud de nuestra ciudad, donde incorporamos técnicas y procedimientos para garantizar la ILE.”

Temis Lorda es médica, integrante de Ningunas Santas y dijo que “la realidad del interior es muy difícil, tal es el nivel de prejuicio en el que se sustenta esta práctica que la gente viaja, a veces más de 100 km, a ser acompañada en San Luis para que en su pueblo no se enteren que se hizo una ILE. A pesar de esto estoy muy esperanzada, porque vamos avanzando”.

Sol Tenaglia habló en representación de la Colectiva Feminista Comechingona en la CNDALSyG: “En Los Molles, Cortaderas, Merlo, Santa Rosa, Carpintería, entre otros, tenemos un abismo entre el protocolo y la realidad. En Merlo nos negaron estadísticas y hasta pegar una cartelería en el hospital que sólo informaba el derecho a la ILE. Sin esta información la gente no puede reclamar este derecho”.

Cecilia Betervide de “Las Cayetanas” compartió que durante el trabajo territorial que realizan en los barrios muchas mujeres “no conocen las leyes, nos dicen que de eso no quieren hablar. Hay mucho oscurantismo. Que tan solo una de ellas nos escuche para nosotras es un triunfo”.

“La realidad del interior es muy difícil, tal es el nivel de prejuicio en el que se sustenta esta práctica que la gente viaja, a veces más de 100 km, a ser acompañada en San Luis para que en su pueblo no se enteren que se hizo una ILE. A pesar de esto estoy muy esperanzada, porque vamos avanzando”.

Dra Temis Lorda, integrante de Ningunas Santas

Desde ADEM San Luis compartimos una sistematización en relación a los obstáculos de la ILE en San Luis: “Las niñas abusadas son judicializadas y derivadas a la maternidad, el conservadurismo del territorio refuerza la idea del aborto como pecado, la gente cree que la práctica aún es quirúrgica y genera hemorragias o la muerte, falta comprender el concepto de salud integral para acceder a la ILE como derecho, algunos profesionales aún temen perder la matrícula si garantizan una ILE y este derecho no tiene aun la suficiente difusión en la provincia”.

La participación fue muy buena pero la actividad fue víctima de la modalidad que hoy se conoce como “zoombombing” por parte de varones fundamentalistas que  interfirieron en la plataforma para insultar y agredir al panel: “las mujeres no saben trabajar y se tienen que ir a lavar platos” repetían como único argumento.

Es urgentela necesidad de formar al personal de salud, personal administrativo, a los tres poderes, y a los medios de comunicación sobre todas las instancias que intervienen en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

Garantizar derechos es una obligación, no una opción. Es tiempo de entenderlo.