Las sanciones de la Ley Yolanda y la Ley de Educación Ambiental Integral responden a demandas socio-culturales urgentes y suman herramientas al cuidado de la “Casa Común”

Por Gabriela Pereyra

“El trabajo de la revolución mental implica la modificación del individualismo atomizante; el cambio de patrones de consumo y mejorar la relación sociedad naturaleza, transformar un ego-ciudadano hacia un eco-ciudadano y eso no es tarea fácil, la temática ambiental no es un problema más, es el problema”, esta frase retomaba una y otra vez en sus entrevistas Yolanda Ortiz, siempre aclarando que reseñaba la preocupación ambiental de Juan Domingo Perón que la inspiró en su momento, sin ser peronista, a aceptar la propuesta que la convirtió en la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de nuestro país y la primera mujer en ejercer un cargo público de gestión ambiental en América Latina, designada por Perón durante su tercer gobierno.

Yolanda llenó sus ojos de paisajes tucumanos al nacer, se preparó como doctora en Química y se especializó en Toxicología. Falleció el 22 de junio de 2019 a los 94 años y hasta el fin de sus días fue una incansable activista ambiental, a veces se reconocía utópica y se enojaba con la clase política de planteos cortoplacistas en temas ambientales.

Entendía lo ambiental de manera holística, incluyendo los sentires más profundos en la toma de conciencia para el cuidado de la casa común.

“La ecología es la única ciencia que en tanto ciencia llama a una toma de conciencia, hay que cambiar el conocimiento, el comportamiento, el alma, que les toque el alma, nos enojamos porque no hay conciencia, pero no puede haber conciencia cuando no hay sentimiento, conocimiento, espíritu de hacer las cosas en lo ético, y estamos buscando siempre ganancias y caminos que nos llevan por el mal”, afirmaba en 2016.

Yolanda dijo que aun en su ausencia esperaba un mundo mejor. Tal vez su legado encuentre algunos frutos y merecidos homenajes en las nuevas iniciativas legisladas recientemente, de las cuales una lleva su nombre como Ley Yolanda.

El 17 de noviembre de 2020 fue sancionada la Ley 27592 o Ley Yolanda. El proyecto, que ya había sido aprobado por unanimidad en el Senado, obtuvo en la Cámara baja 213 votos a favor, 1 en contra, y 2 abstenciones.

Tiene como objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Con buenos aires puntanos

El proyecto de ley fue presentado por la senadora justicialista por San Luis, María Eugenia Catalfamo, quien integra el bloque del Frente de Todos: “desde que ingresamos al Senado siempre nos propusimos trabajar en temas que para las juventudes de nuestra provincia y del país sean prioritarios para su desarrollo.

Julieta Ponce, que es una compañera y una amiga, y está en el Consejo Deliberante de la Ciudad, nos invitó a trabajar en esta propuesta para que ella pudiera presentarla en el Concejo y nosotros en el Senado de la Nación, y también se presentó en el Senado de la provincia de la mano de María Angélica Torrontegui.

Pensamos en formaciones ambientales con perspectiva en desarrollo sostenible haciendo hincapié en el cambio climático, porque esta era una de las cuestiones que a los jóvenes ambientalistas de nuestra provincia, los Jóvenes por el Clima San Luis, les preocupaba mucho.

Planteaban el hecho de que quienes teníamos que tomar decisiones, legislar o aplicar las leyes, por ahí no entendíamos mucho de qué iba esto de poder cuidar el ambiente en el que estamos inmersos, entonces la propuesta surge de manera conjunta.

La presentamos en el Senado de la Nación, fue en el marco del Día internacional del Medio Ambiente el 5 de junio, y a las pocas semanas una senadora por la oposición (Gladys Gonzáles, de Juntos por el Cambio) presenta una iniciativa de ley similar, entonces la trabajamos en conjunto. Fue una ley que tuvo muchísimo consenso porque todos entendimos que era necesario poder formarnos en estos temas para el trabajo diario”, detalla la senadora Catalfamo.

La ley, en su artículo 4, plantea que la autoridad de aplicación deberá garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, en el marco del proceso de confección de los lineamientos generales establecidos.

“El Ministerio de Medio Ambiente de Nación por estos días está convocando a todas las organizaciones para que se sumen a este trabajo en conjunto, y a partir de allí poder establecer cuáles van a ser los puntos centrales bajo los que después se puedan llevar adelante las capacitaciones, es obligatorio para todo el personal de la administración pública nacional de los tres poderes, y también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir”, “el objetivo siempre fue desarrollar un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil, están invitadas las universidades, la comunidad científica”.

Desde la provincia

De a poco se presentan las adhesiones a la ley, la provincia de Córdoba lo hizo recientemente. El 1 de abril, durante la apertura de sesiones, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció el envío del proyecto de ley que busca la adhesión provincial a la Ley Yolanda, y lo mismo ha hecho el municipio capitalino.

En consonancia la Secretaría de Medio Ambiente y Parques de la Provincia prepara acciones en el sentido que busca la ley. Sobre lo que significa desde su mirada la ley, la secretaria de Medio Ambiente y Parques, Natalia Spinuzza, comenta: “se trata de una norma que viene a poner en la agenda el tema ambiental, en la agenda de todos los que hacen política pública o la miden, o la evalúan.

En este sentido la provincia adhiere a esta ley nacional. Y asimismo proponemos que esta solicitud sea con perspectiva de género”.

“La perspectiva de género en los contenidos que la ley prevé, principalmente porque siempre somos las mujeres las primeras o las más afectadas por las consecuencias del cambio climático. Pedimos también el anclaje territorial de lo que pasa en San Luis. Como la Cuenca del Morro, incendios forestales, todo lo referido a Dengue, abordar nuestras problemáticas que entendemos también muy necesarias dada la pandemia por la cual estamos atravesando, es decir, poder abordarlo territorialmente”, describe Spinuzza.

Sobre los contenidos una vez que se dé la aplicación de la ley, la funcionaria menciona que se acciona junto con la Universidad Nacional de San Luis y la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad preparando las capacitaciones, y que serán invitadas organizaciones de la sociedad civil que trabajan lo ambiental como es el ejemplo de los Jóvenes por el Clima.

Además de respetar los lineamientos generales que exige la ley nacional como información referida al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, la eficiencia energética y las energías renovables, la economía circular y al desarrollo sostenible, y la normativa ambiental vigente; desde la Secretaría están evaluando el abordaje: “la presentación en su gran mayoría sería asincrónico y en los temas puede haber módulos optativos y módulos obligatorios, en una primera instancia estamos evaluando hacer tres módulos obligatorios con alguna presentación sincrónica y también con lo que es tutoría virtual, entonces va a tener un ciclo de charlas con referentes culturales en la materia y poder abordarlo también no sólo en lo asincrónico sino después en el soporte de aula virtual. La idea es que sea algo continuo y evaluativo. Porque el ambiente está en movimiento, los desastres ambientales, hay que estar siempre formándose sobre una situación que va cambiando”.

Conciencia desde pequeños

Otra Ley de sanción reciente que Yolanda Ortiz también celebraría es la Ley 27621, Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina.

Entre sus generalidades establece que la Educación Ambiental Integral (EAI): es un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, con el propósito de la formación de una conciencia ambiental, a través de procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso.

Defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común.

Su impacto abarca desde los más pequeños hasta los universitarios en su vida de formación educativa. Nos abarca a todos.

Y no quedándose sólo en lo formal, nos habla de la aplicación de una política pública nacional permanente y concertada que alcance a todos los ámbitos formales y no formales de la educación, de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación.

Está dirigida a todas las edades, grupos y sectores sociales, con el fin de territorializar la educación ambiental mediante acciones en el corto, mediano y largo plazo.

En tiempos de pandemia, donde el medio ambiente resiste y agoniza ante nuevas y antiguas problemáticas, estas intenciones alientan esa conciencia ambiental. Ojalá la suma de las ganas desemboque en aquella revolución mental que inspiraba a Yolanda.