Una disputa territorial, considerada cerrada en 1984, reflotó tras la aprobación de un decreto que extiende la plataforma continental chilena. Historia y motivos de un conflicto antiguo

Agustina Bordigoni

Una decisión del gobierno chileno reflotó un conflicto por los límites marítimos que Argentina consideraba cerrado.  La cancillería argentina se sorprendió con la noticia de que su vecino había aprobado un decreto por el cual se establecían los límites de su plataforma continental en el Mar Austral, estableciendo un área de 200 millas marinas desde Punta Puga hasta Islas Diego Ramírez y hacia el este del meridiano Cabo de Hornos.

La respuesta de nuestro país no se hizo esperar: “Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984. El límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año. La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”. El texto puede leerse en la página web de la cancillería y está fechado el 28 de agosto de este año.

Pero, ¿cómo se dividen los límites marítimos y qué es una plataforma continental?. Y más aún, ¿qué establece el acuerdo de paz firmado en 1989 y cómo se llegó a este punto?

La delimitación de los espacios marítimos

Para entender lo que está en disputa, primero es necesario comprender cómo se divide el territorio marítimo entre los países. Esas delimitaciones se encuentran definidas en la Convención sobre los Derechos del Mar (1982).

El mar territorial está demarcado por las primeras doce millas desde la línea de base del territorio. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio, e incluye tanto el espacio aéreo como el subsuelo.

En la zona contigua al mar territorial los Estados ribereños tienen facultad para ejercer algunas atribuciones, como las funciones de policía y vigilancia, sobre todo en materia de cumplimiento de leyes aduaneras, fiscales o sanitarias. Esta zona, establece la Convención, “no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”.

La zona económica exclusiva son las 200 millas medidas desde la línea de base territorial, sobre las que el Estado ribereño ejerce no solamente la autoridad sino que también controla los recursos existentes en esa franja.

La plataforma continental comprende tanto el lecho como el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial, y a lo largo de la prolongación territorial. Esta plataforma se extiende hasta las 200 millas contadas desde la línea de base. Es, en palabras más sencillas, la parte del territorio que se hunde bajo el mar.

Cuando un Estado pretende extender esa plataforma puede solicitarlo, lo que se conoce entonces como plataforma continental extendida. Es decir, una plataforma que va más allá de las 200 millas establecidas en la Convención.

Es esa la plataforma que precisamente está en disputa entre Argentina y Chile.

¿Cómo se llegó hasta aquí?

En 1978 un conflicto limítrofe llevó a ambos países al límite de la guerra. Fue por tres islas ubicadas al sur del canal de Beagle. El asunto se dirimió con mediación del papa Juan Pablo II y derivó en un acuerdo de Paz y Amistad firmado en 1984, y que fijó el límite entre los dos países desde el canal Beagle hasta el pasaje de Drake al sur del cabo de Hornos.

El tratado establecía además que la medianera entre ambos países es el meridiano a 67º 16´ 0 y que al oeste de ese meridiano se extiende Chile y al este, Argentina. Esa línea imaginaria, sin embargo, se corta en el llamado punto “F” (que es el punto donde se establece que termina el límite marítimo entre Chile y Argentina)  y es debajo de este punto imaginario que Chile ahora amplía su plataforma hacia el este, argumentando que el tratado en realidad no establece lo que hay más allá de ese punto.

Por tanto, con esta decisión unilateral Chile no sólo ampliaría su plataforma continental en 30.500 km cuadrados sino que además 5500 de estos kilómetros son los que figuran en el mapa como plataforma argentina. El resto, sostiene el país, es patrimonio universal y no chileno, según lo establecido en la Convención de los Derechos del Mar.

Esos 5500 kilómetros que hoy están en disputa pertenecen a la plataforma continental extendida de Argentina. Y es que, en el año 1997, el país comenzó un trabajo para documentar su plataforma continental. Luego de varios años de investigaciones en las que participaron diferentes profesionales como geólogos, abogados y geógrafos, Argentina presentó este trabajo ante Naciones Unidas en 2009, y, en 2016 –y ante la falta de reclamo chileno en contrario– la plataforma marítima argentina fue aprobada por la Comisión de Límites de Plataforma Continental.  Estos nuevos límites representaban una ampliación de unos 1,6 millones de km2, incluyendo el área que ahora reclama Chile.

En 2020, esta plataforma extendida fue aprobada por ley (27.557) e impresa en todos los mapas argentinos. En ese momento, el gobierno chileno manifestó a cancillería argentina su “preocupación”, pero no hizo un reclamo formal al respecto.

¿Por qué reclamar ahora?

Hay diferentes interpretaciones sobre los motivos de que este repentino y unilateral cambio de los mapas chilenos. Hay quienes lo vinculan con las cuestiones políticas internas: por un lado, Chile está próximo a celebrar elecciones presidenciales el 21 de noviembre. Es sabido que los temas de límites y su por lo general generan cohesión y apoyo entre los ciudadanos, por una causa que consideran propia. Imponer en la agenda estos temas puede sacar la mirada de aquellos lugares en los que no se quiere que se pongan de cara a un proceso electoral.

Por otro lado, la Convención Constituyente en el país está trabajando también sobre estos temas.

En otro sentido, pero también en el plano político, dentro y fuera de Chile la falta de reclamos se explicaría por la afinidad ideológica de los gobiernos de Argentina y Chile en el momento de la presentación Argentina ante la Convención de los Derechos del Mar. Incluso hay quienes acusan a la expresidenta Michelle Bachelet de haberse “dormido” y no presentar un reclamo para preservar la buena relación con el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, cuando Argentina hizo su presentación en 2009, seis países reclamaron formalmente (incluido Reino Unido) pero Chile no estaba entre los reclamantes. Tampoco la decisión de la Comisión de Límites de Plataforma Continental fue objetada. Ahora las afinidades no existen y entonces, quienes avalan esta teoría, explicarían el porqué de este reclamo en este momento preciso.

Pero también, y más allá de las fallas o decisiones políticas, hay intereses económicos en juego: este territorio marítimo podría tener un alto potencial de recursos naturales y utilización para la pesca y la agricultura, así como para la explotación de minerales e hidrocarburos.  Incluso, y según algunos especialistas, el territorio que hoy es la plataforma continental argentina tendría la capacidad de duplicar o triplicar el PBI del país.