El cambio climático requiere respuestas urgentes, comprometidas y sostenidas. Durante la COP26 se lograron consensos, pero lo pendiente debe involucrar a todos los sectores sociales

Por Soledad Sallenave

Licenciada en Ciencias Biológicas (*)

El pasado mes de agosto, el Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), presentó su contribución al Sexto Informe de Evaluación «Cambio Climático 2021: la Base de la Ciencia Física» con la información más actualizada del sistema climático.

Una presentación realizada en tiempo y forma para que fuera el insumo principal para la toma de decisiones y los acuerdos necesarios a ser alcanzados en la reunión N° 26 de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26 por sus siglas en inglés) la cual se llevó a cabo entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia.

El informe del IPCC planteó, sin rodeos, que no hay un solo rincón del planeta que esté a salvo de los impactos negativos generados por el cambio climático, los cuales son rápidos, se han intensificado y no tienen precedentes en miles de años.

Asimismo, otra cosa dejó en claro el informe: el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causales del cambio climático, es producto de las actividades humanas. Por lo que, a menos que nuestras reacciones sean inmediatas, rápidas y a escala global; las reducciones de emisiones de GEI limitando el calentamiento a 1.5 °C hacia finales de siglo, estarán fuera de nuestro alcance. Esto hará que eventos climáticos extremos, como olas de calor y fuertes lluvias y sequías, sean más frecuentes y graves. Sin dudas, un “código rojo para la humanidad” que esperaba encontrar una respuesta acorde a la urgencia como resultado de los debates de la COP26. Y, a primera vista, no pareciera que se cumplieron las expectativas.

Pero si analizamos más en detalle, haber alcanzado un primer acuerdo sobre temas clave entre 197 países no es menor, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones, realidades, necesidades e intereses que los motivan. De hecho, lo estamos viviendo hace poco más de un año y medio con la COVID-19. Una pandemia que pone en jaque nuestra supervivencia como especie y que requiere de una solución conjunta a escala global. Sin embargo, la respuesta no ha sido global, sino de bloques. Antecedente con el cual no es de esperar un accionar distinto frente a las medidas necesarias en la lucha contra el cambio climático. 

Analicemos algunos de los resultados obtenidos en la COP26 y cómo se posiciona Argentina en este contexto.

Acuerdo sin precedentes

El Pacto Climático de Glasgow, tal el nombre que le han dado al acuerdo, hace una mención sin precedentes al papel de los combustibles fósiles como vectores de la crisis climática. Eso es algo que incluso el histórico Acuerdo de París no pudo lograr. El Pacto Climático de Glasgow pidió en su primera versión la eliminación progresiva de los subsidios al carbón. Finalmente, países como India, uno de los principales usuarios del carbón, solicitaron algunos ajustes a la redacción del documento la cual quedó, según varios sectores y referentes claves, suavizada y poco coherente con la necesidad de acciones urgentes e inmediatas para no sobrepasar el 1.5°C hacia finales de siglo.

El ministro de Medio Ambiente de la India, Bhupender Yadav, uno de los opositores a la palabra “eliminación”, dijo que sería difícil para su país terminar con el uso de carbón y los subsidios a los combustibles fósiles mientras trata de abordar la pobreza. Punto crucial que retomaré más adelante.

Otro punto, fue el de redoblar los esfuerzos y acelerar los plazos que tienen previsto los países en sus planes sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Según el Acuerdo de París, los países solo estaban obligados a actualizar sus objetivos al año 2025. La idea es que los países aumentarán su ambición con más regularidad, lo que debería significar una aceleración hasta “cero neto” al año 2050, un estado en el que la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos no sea mayor que la cantidad removida de la atmósfera. Esto deberá verse plasmado en la próxima COP 27 a realizarse dentro de un año en Egipto.

Respecto al financiamiento, el Pacto Climático de Glasgow incluye una duplicación del dinero para la adaptación al cambio climático para 2025, respecto a los niveles del año 2019, lo que es un progreso en esta área. Pero cabe recordar que el objetivo consensuado hace más de 10 años por los países desarrollados de transferir anualmente 100 mil millones de dólares a los países en vías de desarrollo para ayudarlos en su transformación a economías bajas en carbono y a su adaptación al cambio climático, aún no se ha concretado. Por lo que hay dudas respecto a si las naciones desarrolladas cumplirán con el compromiso de al menos duplicar la financiación para la adaptación para 2025, lo que implica al menos 40 mil millones de dólares.

Otro punto álgido en la discusión entre los países fue el de “pérdidas y daños”, principalmente planteado por aquellos países en vías de desarrollo que se ven más amenazados por los impactos del cambio climático o que ya están sufriendo sus efectos de manera devastadora tanto en las personas como en los ecosistemas.

En este contexto, ¿Qué pasa con Argentina?

En la intervención que realizó el presidente Alberto Fernández frente al resto de los países miembros de la COP 26, ratificó el compromiso de la Argentina con el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático y planteó la necesidad de “crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.

Y en este punto retomo el planteo realizado por el ministro de Medio Ambiente de la India, Bhupender Yadav, respecto a la necesidad de actuar frente al cambio climático pero con la urgencia de mejorar simultáneamente la calidad de vida de las personas.

Aquí está el núcleo del asunto. La realidad de nuestro país nos enfrenta al enorme desafío de generar las divisas necesarias para el desarrollo económico productivo y la reactivación del mercado interno en un contexto pospandémico y con la urgencia de la transición energética comprometida, e ir dando respuesta a una deuda pública multimillonaria contraída por el gobierno de la gestión anterior con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de hacer todo esto al mismo tiempo.

El presidente agregó: “Favorecer la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable, soberana, sostenible y federal…adoptar medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental y la propuesta de creación de un Comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo, que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios”.

Asimismo, durante el transcurso de la COP 26, Argentina, junto a un centenar de países, fue uno de los países signatarios del compromiso para frenar y revertir la deforestación y la pérdida de bosques. La firma de este acuerdo fue uno de los logros concretos de la Cumbre. Lo cierto es que resta llevar a la acción los compromisos asumidos, sobre todo cuando Argentina tiene una Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que se encuentra desfinanciada desde su promulgación en el año 2007.

Hidrógeno verde

Finalmente, uno de los anuncios más resonantes del presidente fue el de la inversión de 8.400 millones de dólares en la Patagonia argentina por parte de la empresa australiana Fortescue Future Industries para generar hidrógeno verde, un elemento que se obtiene a partir energías renovables y que, por lo tanto, es considerado clave en la lucha contra el cambio climático. Entre las principales ventajas que presenta, se destaca que no emite gases contaminantes ni en su producción ni en su combustión para crear electricidad o fuerza motriz, solo emite vapor de agua. 

¿Cómo conjugamos todos estos elementos?

En primer lugar, en el marco de una estrategia nacional que hoy la brinda la elaboración del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la cual debería darnos las directrices y las herramientas necesarias para replantear nuestras formas de producción y consumo y posterior comercialización de una forma respetuosa con el ambiente y equitativa e inclusiva socialmente.

Debemos atender de forma prioritaria las necesidades de los grupos más vulnerables a los efectos del cambio climático y más impactados por la COVID-19.

Es imperioso realizar un análisis integral del territorio para definir claramente las prioridades de intervención en materia de: explotación e industrialización local de insumos minerales estratégicos y uso de nuestros recursos hidrocarburos hasta el año 2050 mientras hacemos la transición energética; degradación de suelos y medidas de restauración; mejora de acceso al agua para distintos usos; fortalecimiento del sector tecnológico y de investigación y desarrollo e identificación de áreas clave para la inversión tanto pública como privada; entre otros aspectos. Son fundamentales en este sentido, el fortalecimiento institucional mediante arreglos organizacionales, capacitación y asignación de recursos y la participación social de todos los sectores.

Debemos aclimatarnos rápidamente en el sentido estricto de la palabra, y eso nos demanda involucramiento, decisión, acción y sobre todo, coherencia.