Más de 3000 niñas, adolescentes y mujeres están desaparecidas en la Argentina. La búsqueda y predisposición desde los medios y la justicia es desigual cuando las víctimas son de las provincias. Familias, amistades y organizaciones muchas veces quedan luchando en soledad.

Por María José Corvalán

“Seguro se fue con un noviecito”, quizás es la frase más repetida por las autoridades policiales y el susurro de muchas sociedades ante la noticia de la desaparición de una niña, adolescente o mujer en cualquier punto del país. Esta es una de las tantas barreras que se interponen a aprovechar las primeras horas en la búsqueda de una persona, aunque hay otras que favorecen la discriminación. El tratamiento del caso, la difusión, la búsqueda, la legitimación de la denuncia y el pedido de justicia es mucho más difícil cuando la desaparecida no es de Capital Federal, cuando es de las márgenes, cuando es de una familia empobrecida, cuando es parte de una comunidad migrante y claro, cuando es mujer. 

El aparato de difusión de medios hegemónicos puesto al servicio de casos de desaparición de provincias del interior sería de utilidad, pero por alguna razón, el tiempo en el aire, en los soportes gráficos o en las redes que estos medios administran, es efímero y las búsquedas de familiares y amigos quedan en soledad, luchando contra aparatos burocráticos o contra otras prioridades.

Dos años sin Delia

Delia Gerónimo Polijo desapareció un 18 de septiembre, hace dos años, y su familia no deja de buscarla y esperarla con vida. Delia tenía 14 años en ese momento y fue ese día a la escuela IPEM número 137 de La Paz, Córdoba, pero como era la semana del estudiante salió dos horas antes, sin aviso. Para cuando su hermano Cristian fue a buscarla a las 18, Delia ya no estaba y la escuela estaba cerrada. Roxana Bonafont es integrante del “Grupo de familiares de desaparecidos de Traslasierra” y acompaña a la familia de Delia desde ese mismo día. 

“Las primeras horas, que son claves, nadie buscó a Delia. En los medios y la justicia se referían a ella como ‘la boliviana’ y luego de varios días la justicia se dio cuenta de que había una barrera idiomática para comunicarse con su familia porque hablaban quechua. En la comunidad se decía que se había ido sola porque eran muy pobres y que la niña era una mentirosa”. Roxana asegura que La Paz es una localidad “muy machista en donde las personas no se animan a participar de una marcha o de un pedido de justicia”.

María y Modesto, madre y padre de Delia y de cinco hermanas y hermanos más, son de nacionalidad boliviana y viven en La Guarida, una comunidad a 3 km de La Paz en donde la mayoría se dedica a trabajar en hornos de ladrillos.

El 23 de diciembre una joven de la zona denunció a su pareja, Mauro Martínez, por violencia intrafamiliar, y en su declaración aseguró que Martínez la había amenazado con un cuchillo y le había dicho “te voy a matar como a la boliviana”. Al otro día fue la policía a detenerlo y lo encontró ahorcado en una casa abandonada que estaba al cuidado de unos amigos de Martínez que viven en la casa contigua, allí solían hacer fiestas clandestinas. 

Roxana entiende que este hecho le vino como anillo al dedo a las autoridades para cerrar el caso: “Martínez era empleado del municipio y hubo un llamado de la intendencia para no participar de marchas, además esta localidad vive casi en su totalidad del turismo y había mucho apuro por dejar el tema atrás y largar la temporada turística. Si no hubiese sido por las organizaciones de mujeres y de derechos humanos que marchamos cada martes y sábado nadie más hubiese hablado del tema. Imaginate que marchamos alrededor de la plaza y la gente que está en las mesitas de los bares permanece indiferente excepto por algunos turistas que cuando se acercaban a preguntar qué pasaba, no lo podían creer”.

Sol Tenaglia es integrante de la Colectiva Feminista Comechingona, una de las organizaciones que se acercó a acompañar a la familia de Delia en el reclamo por su aparición con vida. “El caso Delia Polijo dejó al descubierto lo que es la justicia y el accionar policial en el interior del interior. Lejos de buscarse el esclarecimiento de la causa quedó todo estático y fuimos la familia, las organizaciones sociales y feministas quienes empezamos a movilizarnos”. La colectiva llegó a La Paz y se interiorizó de la causa sumándose a las acciones. “Hubo que lidiar con los medios patriarcales que culpabilizan a la víctima y que ponían el foco en cualquier lado menos en el accionar judicial”.

Dolores “Lola” García es otra integrante de la Colectiva Feminista Comechingona, vecina de Merlo, quién sigue en permanente contacto con las organizaciones de la zona: “En un principio marchábamos con la esperanza de que Delia podía aparecer y que la justicia iba a poner herramientas para esclarecer su desaparición, pero a medida que fueron pasando los meses nos dimos cuenta de que Delia, como tantas pibas más, iba a ser víctima de la injusticia”. Además de sumarse a las acciones por justicia desde la Colectiva de Merlo “acompañamos a nuestras compañeras que siguen peleando en ese territorio, que la siguen luchando en pandemia y a quienes no podemos ir a abrazar pero saben que nunca vamos a bajar los brazos”.

Sin espacio para la escucha

Delia no es el único caso de la zona y menos del país. Más de tres mil niñas, adolescentes y mujeres están desaparecidas en la Argentina y las principales causas son la trata de personas con fines de explotación sexual, el femicidio y la violencia machista o violencia contra las mujeres. Quizás hay nombres más expuestos en los medios como María Cash, Marita Verón o Sofía Herrera, pero miles permanecen en el anonimato.

El 11 de julio de 2009 Brenda Arias (19) le avisó a su mamá que saldría a despejarse un rato y a jugar un pool con sus amistades y que volvería pasada la medianoche a la casa que habitaban en Villa del Carmen, San Luis. Así empezó la lucha y la búsqueda de Justicia de la “Negrita” Garayalde, su madre, quien por ocho años y hasta el día de su propia muerte no dejó de levantar nunca su voz preguntando qué pasó con su hija. Los últimos meses de vida luchó también contra un cáncer que la dejó desganada, con dolores y en silla de ruedas, pero aún así, desde la cama, mandaba WhatsApp, daba entrevistas, coordinaba acciones y no faltó a ninguna marcha del calendario feminista que solía encabezar con la foto de Brenda entre sus brazos. En noviembre del 2018 la Cámara del Crimen de Concarán condenó a Juan José Murúa, amigo de Brenda, a 38 años y dos meses de prisión por el “homicidio simple mediante empleo de arma de fuego” . 

Pero no fue el único femicidio de Murúa. Luego de la desaparición de Brenda se fue vivir a Los Hornillos, Córdoba, donde fue denunciado por violencia por razón de género por su esposa Carolina, por abuso sexual contra una sobrina y luego responsable de la desaparición de Marisol Reartes de 18 años, que desapareció el 2 de febrero de 2014 con su hija Luz Oliva de 2 años, en el paraje Los Pozos, jurisdicción de Villa de las Rosas.

Según la fiscalía de Villa Dolores “existen indicios suficientes para sostener una acusación y porque con el teléfono intervenido Murúa amenazó a su esposa diciéndole que le iba a pasar “lo mismo que a Brenda”.

El 16 de junio del 2016, Ángel Morales mató a su novia, Talía Recabarren, en la localidad Zonda de San Juan. Su cuerpo fue encontrado dos días más tarde en un descampado. Anabella, la madre de Talía, dijo a la prensa que “El caso de Talía nunca fue bien investigado. Desde que puse la denuncia nadie me llevó el apunte. Me tomaron como una loca, como que mi hija era una puta hasta que la encontré muerta. Siento que nadie me ha escuchado, necesito seguir pidiendo justicia porque faltan los otros tres asesinos de Talía.” Una pareja del femicida declaró en varias oportunidades que Morales le dijo que no actuó solo, sin embargo la investigación no continuó. 

Gabriela Lucero es periodista de San Juan y además acompañó en varios casos para demandar justicia: “en el caso de Talía acompañamos mucho a su madre porque son de Zonda, que es una localidad alejada de la capital de San Juan”. Gabriela afirma que hubo que enfrentar innumerables obstáculos porque la familia no tenía herramientas para poder averiguar cómo iba la causa,  no sabían quién era el abogado defensor ni del juzgado le informaban cómo prosperaba la investigación. Además en la localidad vivían cerca de la familia del femicida y eso generó momentos de agresión y mucha tensión. 

La historia de  Brenda Requena es similar. Desapareció en julio de 2019 en San Juan y su esposo, Diego Álvarez, salió en todos los noticieros locales buscando a su esposa y asegurando que la había visto por última vez subiendo al auto de su amante. Días más tarde varios testigos declararon haberlo visto a él involucrado.

“Como a la mamá de Brenda, a esta madre también le costó que le brindaran información desde la justicia y hasta el día de hoy sigue peleando por la tenencia de sus dos nietos cuyos cuidados fueron delegados por el juzgado a la familia del femicida.” señala Gabriela que integra la Red de Comunicadores con Perspectiva de Género y Ni Una Menos San Juan.

Existe la desigualdad por razón de género pero esta no es la única discriminación que muchas deben enfrentar.

Vivir en las márgenes, no tener formación, ser parte de una comunidad conservadora, machista o con temor a involucrarse, ser marrón, originaria, sin recursos, deslegitima mucho más la palabra de quienes denuncian y reclaman justicia.

Los rumores que justifican las desapariciones y asesinatos sostienen, refuerzan y otorgan más impunidad aún a los femicidas, a las redes de trata, y permite que las instituciones sigan esmerándose poco y nada en esclarecer los crímenes.

No hay remeras, ni marchas masivas en el obelisco con los nombres de estas otras miles de niñas, adolescentes y mujeres cuyas familias no descansan esperando saber qué fue de ellas. No me olvides, parecen susurrar las víctimas en aquellos dispuestos a escuchar…