Los primeros dilemas del gobierno provisorio formado a finales de 1810 comenzaron a intensificarse ya en enero de 1811: ¿quién detentaría legítimamente el nuevo poder?

Por Guillermo Genini

En una tendencia ya superada en el análisis histórico del proceso revolucionario, el historiador argentino Ricardo Levene llamaba al año 1811 como el de la “crisis de la Revolución”, en contraposición a 1810 al que identificaba como el grandioso año del “movimiento libertador”. Sin embargo, en el tiempo reciente los nuevos enfoques sobre el proceso iniciado el 25 de mayo de 1810 les han otorgado un significado diferente a los acontecimientos de 1811, especialmente a los desafíos que le tocó enfrentar a la Junta Grande.

El origen de la Junta Grande nace de las mismas deliberaciones que se dieron en mayo de 1810. En esas agitadas jornadas se debatieron las circunstancias por las cuales una colonia americana, como el Virreinato del Río de la Plata, podría ejercer el autogobierno. La respuesta se dio en el marco legal hispánico que era el aceptado por todo el ambiente político del momento.

Así se apeló a los fundamentos legales de la constitución de la Monarquía española: el Pacto de Sujeción. Esta era la base jurídica por la cual el Rey de España era reconocido como Soberano por parte de los españoles de España y América.

Como el rey Fernando VII estaba prisionero de los franceses desde mayo de 1808, en América se planteó la necesidad de reemplazar temporalmente su autoridad hasta que pudiera regresar. Para ello apelaron a otro fundamento jurídico hispánico: la retroversión de la soberanía. Por este principio, si el Rey no podía ejercer la Soberanía, esta regresaba temporalmente a los Pueblos que formaban parte de la Monarquía española.

En el esquema legal español Pueblo era identificado con las ciudades que tenían Cabildo tanto en España como en América. Esto fue lo que se debatió el 22 de mayo de 1810 en el Cabildo Abierto reunido en Buenos Aires. Con la destitución del Virrey Cisneros producida un día después se reconocía de hecho que la Soberanía había retrovertido en todos los Pueblos del Virreinato del Río de la Plata, incluido San Luis.

Es por ello que una vez asumida la Junta Gubernativa Provisoria en nombre de Nuestro Señor Fernando VII, conocida actualmente como Primera Junta, su primer acto legal de importancia fue convocar a todos los Pueblos del Virreinato a elegir diputados para conformar el Gobierno General.

Esto se realizó mediante la Circular del 27 de mayo de 1810 que invitaba a los Cabildos de cada ciudad a elegir su representante para integrar ese nuevo cuerpo gubernativo. Desde entonces se desencadenó un vertiginoso proceso por el cual cada ciudad eligió un Diputado para asistir a Buenos Aires y así conformar un cuerpo soberano.

Sin embargo, en el seno de la Primera Junta surgió una profunda división sobre el rumbo revolucionario. El Secretario de la Junta, Mariano Moreno, creía que era el momento adecuado para romper con la Monarquía española e iniciar el camino para crear una nueva nación independiente. Para ello pretendió que los diputados de las ciudades formaran un cuerpo separado de la Primera Junta que de esa manera conservaría la dirección política del movimiento.

Por el contrario, el Presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, consideraba que era más prudente continuar con el rumbo señalado por la Circular del 27 de mayo y conformar un nuevo gobierno con los representantes de todas las ciudades del ya ex-Virreinato.

La representación puntana

Finalmente triunfó la posición de Saavedra y el 18 de diciembre de 1810 se celebró una reunión entre los siete integrantes de la Primera Junta que se hallaban en Buenos Aires y los nueve diputados de las ciudades que ya habían llegado a la excapital virreinal.

De esta forma se formó la llamada Junta Grande, a la cual se le fueron sumando otros diputados. En el caso de San Luis, la elección del diputado se retrasó por dos razones: los conflictos internos existentes en el Cabildo puntano y el problema de los viáticos que debía sustentar al diputado.

Es por ello que el diputado que se eligió en el Cabildo de San Luis, Marcelino Poblet, se incorporó a la Junta Grande después que se constituyó a fines de 1810. Además, Poblet debió soportar a comienzos de 1811, cuando ya se encontraba en Buenos Aires representando a la jurisdicción de San Luis, un intento de sustituirlo por parte del sector opuesto a su figura encabezado por Ramón Esteban Ramos, que logró sortear con grandes dificultades.

La situación de Poblet no era una excepción, pues muchos diputados sufrieron cuestionamientos y reemplazos. Igualmente, la propia Junta Grande fue cuestionada por las autoridades porteñas que vieron en su constitución y continuidad una intromisión externa en la dirección revolucionaria que pretendían dominar en forma exclusiva. Las críticas iban dirigidas tanto a los diputados de las ciudades a los que denominaban despectivamente “provincianos” como al Presidente del cuerpo, Cornelio Saavedra.

Los dilemas de un poder provisorio

Más allá de esta situación, la Junta Grande debió resolver un asunto de primera importancia, como era determinar cuál era la fuente legítima del poder.

Las alternativas dividían a hombres y partidos, pero tras arduos debates, algunos públicos y otros realizados en forma secreta, se decidió continuar con la fórmula ensayada en mayo de 1810: un gobierno provisorio en nombre del Rey Fernando VII.

De esta manera, la dirección revolucionaria podía continuar con el autogobierno sin entrar en conflicto con los principios monárquicos. Este delicado equilibrio se mantuvo durante algunos meses de 1811 pero otro aspecto de suma importancia alteró la frágil estabilidad lograda por la Junta Grande.

El mayor problema militar que debía enfrentar la Junta Grande era la oposición de los realistas. Estos eran españoles peninsulares y americanos que seguían fieles a Fernando VII en forma directa, aceptando la dirección política de las autoridades de Cádiz.

Los realistas resistieron exitosamente a las fuerzas enviadas desde Buenos Aires en Montevideo y Paraguay. Además tuvieron el apoyo del Virrey del Perú en la disputa por el control del principal territorio del ex-Virreinato que era el de las Intendencias del Alto Perú.

Este conflicto culminó con la Batalla de Huaqui del 20 de junio de 1811 que representó un desastre para las tropas revolucionarias.

Esta derrota afectó la situación política  de la Junta Grande. Su Presidente, Cornelio Saavedra, debió partir a Salta para poner orden ante el difícil panorama que tomaba la suerte de armas para la Revolución. Simultáneamente el Deán Funes, el otro líder político de la Junta Grande, debió partir a Montevideo para sostener negociaciones diplomáticas con los realistas.

Estas ausencias fueron aprovechadas por los opositores porteños de la Junta Grande. En medio de una furiosa campaña de desprestigio (llamaban “forasteros” a los diputados de las otras ciudades) y usando todos los elementos de presión a su alcance, en septiembre de 1811 dieron un golpe de fuerza contra la Junta Grande, la cual no pudo imponer su legítima autoridad.

Si bien no fue disuelta de inmediato la Junta Grande pasó a ser un cuerpo subordinado al Triunvirato que eligieron los porteños bajo la denominación de Junta Conservadora de los derechos de Fernando VII. En esta conflictiva dinámica, el diputado por San Luis, Marcelino Poblet, quedó vinculado a la facción derrotada y su destino fue el mismo que el de los demás diputados del Interior: la expulsión de Buenos Aires bajo la dudosa acusación de conspiración.

Terminaba así la experiencia de la Junta Grande que había surgido de los debates de mayo de 1810 pero que no pudo superar los desafíos que debió enfrentar.